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Reportero asesinado; Miembros de IFEX se muestran escépticos hacia programa de protección para el periodista promovido por el Gobierno

UNESCO

El 5 de noviembre, otro periodista en México perdió la vida en medio de la guerra contra las drogas. Carlos Alberto Guajardo Romero murió mientras cubría un tiroteo entre el ejército mexicano y miembros de un cártel de las drogas en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, informan el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) y otros miembros de IFEX.

Al mismo tiempo, el Gobierno anunció finalmente una estrategia para proteger a los periodistas de las amenazas de muerte de delincuentes comunes, cárteles de la droga e incluso funcionarios gubernamentales. Los miembros de IFEX ARTICLE 19, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) denunciaron enérgicamente el programa pues fue ideado y está operado en su totalidad por funcionarios gubernamentales que tienen poca comprensión de lo que es ser un periodista que opera en un clima de impunidad endémica.


Guajardo, un reportero del diario local "Expreso Matamoros", se dirigía a Oficina de Seguridad para reunir más información sobre la violencia cuando su camioneta recibió más de 20 tiros, informa el CPJ. Los informes noticiosos nacionales dicen que los miembros del ejército dispararon contra la camioneta sin identificación del periodista porque lo confundieron con los pistoleros implicados en los disparos.

Los disparos estuvieron en medio de una serie de eventos violentos que ocurrieron el mismo día en Matamoros, y llevaron al asesinato de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. El CEPET señala que casi todos los periódicos locales limitaron sus informes a la muerte del líder del cártel del Golfo y enterraron las noticias sobre el periodista en las secciones menos visibles.

La excepción fue el "Expreso", que la semana pasada en un editorial en primera plana se atrevió a exigir una respuesta expedita y eficaz de las autoridades. El periódico señaló que en los últimos ocho meses, los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) que operan en el noreste de México han estado tan golpeados y abrumados que no han podido cumplir sus funciones básicas, informa el CEPET.

Los miembros de IFEX llevan mucho tiempo pidiendo al Gobierno que encuentre una manera de proteger periodistas, comenzando con hacer de todos los delitos contra periodistas un delito federal. Pero la más reciente propuesta del Gobierno sigue diciendo que la protección de periodistas descansa en último término en los funcionarios estatales. Esto no es un buen augurio cuando las "autoridades locales con frecuencia están implicadas en la violencia contra periodistas, y la falta de confianza en las autoridades locales debilitará la protección local" dice ARTICLE 19.

Los funcionarios de alto rango en la secretaría de Gobernación informaron al CPJ que esperan ofrecer a los periodistas en riesgo una gama de medidas protectoras, como guardaespaldas, vehículos blindados o subvenciones para reubicarse en otras partes del país.

Pero no se dedica un solo peso a poner el plan en acción; en lugar de eso se confía en los recursos y la voluntad política de las autoridades implicadas y tanto unos como la otra brillan por su ausencia, dicen ARTICLE 19.

Parte del problema es que el Gobierno no consultó con los grupos de derechos humanos al diseñar la estrategia, dicen los miembros de IFEX, y éstos no son bienvenidos a la mesa al votar sobre la propuesta de presupuesto del año próximo. Tampoco es bienvenido el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, quien sólo tiene un estado de asesor y por lo tanto no tiene voz en la forma en que se ejecutará el programa.

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