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En decisión histórica, Senado dice que los ataques contra la prensa son un delito federal

Allan De Los Angeles

El Senado mexicano aprobó finalmente una enmienda constitucional que permitirá a las autoridades federales investigar y perseguir ciertos ataques a la prensa y llamados a las autoridades para poner fin a la difundida impunidad por delitos contra periodistas, informan ARTICLE 19, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

"Este es un hito legislativo que había estado preparándose durante años", dijo el director ejecutivo del CPJ Joel Simon. "Felicitamos al Senado mexicano y al presidente [Felipe] Calderón por este logro. Al mismo tiempo, observamos que es sólo un paso en la lucha combate contra la impunidad, una lucha que no se puede ganar hasta que los asesinos de periodistas sean juzgados y sentenciados".

La enmienda constitucional aprobada el 13 de marzo permite a las autoridades federales investigar y castigar cualquier delito contra "periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta".

"Aunque esta reforma ha sido llamada la federalización de los crímenes de prensa, sentimos que esto es engañoso porque los ataques a la prensa no serán tratados únicamente por las dependencias federales", sostuvo ARTICLE 19.

Las leyes otorgan a los niveles más altos del Gobierno nacional ciertas facultades para perseguir los delitos contra la prensa, evitando que esos casos sean manejados incorrectamente por los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley estatales, que son más corruptos y menos eficaces.

Según ARTICLE 19, desde el año 2000, 66 periodistas han sido muertos y 13 han desaparecido. Casi todos los casos han terminado sin persecución.

Pero la reforma aún tiene un largo camino que recorrer, dice ARTICLE 19. Los cambios no entrarán en vigor a menos que sean aprobados por al menos 17 de las legislaturas estatales de México y luego sean firmados por el Presidente.

"Habrá alguna resistencia en algunos estados, pero esperamos que en unos dos meses la mitad la apruebe", declaró al CPJ el presidente del Senado, el senador José González Morfín.

Además, para que se puedan aplicar, se requieren leyes que indiquen bajo cuáles circunstancias el Gobierno federal atraerá casos de las autoridades estatales. Es posible que también sea necesario modificar el Código Federal de Procedimientos y el Código Penal así como la Ley del Poder Judicial, un proceso que requiere una colaboración rápida entre el Senado y la cámara baja, afirman ARTICLE 19 y el CPJ.

A ARTICLE 19 también le preocupa que la definición de "periodistas, personas y empresas" no se indica claramente, y puede excluir a los blogueros y críticos de los medios sociales, entre los cuales ha habido horribles muertes últimamente por informar sobre la guerra contra las drogas.

ARTICLE 19 y el CPJ también señalan que la enmienda en sí misma no reforma ni fortalece la oficina del fiscal especial de Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, que investiga los pocos delitos contra la libertad de expresión que ya están clasificados como delitos federales.

Lo más importante es que la fiscal especial Laura Borbolla es nueva en el cargo, pero la oficina que heredó no ha resuelto un solo caso de asesinato de periodistas.

El presidente Felipe Calderón ha estado prometiendo a los miembros de IFEX que pondría en práctica la medida desde que asumió su cargo en diciembre de 2006, pero hasta recientemente, se habían hecho pocos avances. La SIP dice que ha estado presionando desde 1997 para que los crímenes contra la prensa sean un delito federal, y ha enviado más de 20 delegaciones para reunirse con los presidentes desde entonces.

"No es claro lo que cambió, pero los diplomáticos especularon que Calderón pudo haber impulsado el asunto para favorecer su reputación", dijo el CPJ.

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    En efecto, la legislacion otorga responsabilidad a las autoridades federales para investigar y enjuiciar ataques contra la prensa, en lugar de las autoridades estatales y locales que en general han sido mas proclives a la corrupcion y la ineficacia.



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