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Autoridades deben investigar a fondo asesinato de periodista mexicano

(ARTICLE 19/IFEX) - el 16 de octubre de 2012 - El fotoperiodista Abel López Aguilar, director del medio digital Tijuana Informativo, fue asesinado la madrugada del lunes 15 de octubre, con un disparo de arma de fuego, en Tijuana, Baja California. A sólo unas horas de los hechos, la Procuraduría de Justicia estatal descartó que el crimen tenga relación con el trabajo periodístico de la víctima y señaló a su yerno como el probable responsable.

La versión inicial, atribuida al vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, indicaba que el periodista había sido privado de la libertad a las 5:00 horas del lunes, cuando se encontraba en compañía de otros reporteros en un bar de la Zona Río y que su cuerpo había sido hallado a las 6:10 de la mañana.

Por la tarde, el coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría de Justicia de Baja California modificó sustancialmente esa información. El yerno del periodista aseguraba que éste había sido privado de la libertad a las 3:15 horas, mientras lo llevaba a un hospital, para ser atendido de una herida en la cabeza que había sufrido en su domicilio. Según su relato, desconocidos a bordo de una camioneta los interceptaron y se llevaron a López Aguilar con rumbo desconocido.

La autoridad ministerial asegura que el yerno no sólo esperó hasta las 6:15 para denunciar lo ocurrido, sino que tras practicarle la prueba de radizonato de sodio, ésta dio positivo, por lo que se le considera el principal sospechoso. Un último hecho relevante es que aunque la Policía Municipal de Tijuana afirma que el cadáver del fotoperiodista fue descubierto a las 4:05 horas, la Procuraduría asegura que el hallazgo se dio a las 5:50, una hora y cuarenta y cinco minutos después.

ARTICLE 19 manifiesta su preocupación por el manejo poco claro en la información sobre este crimen y lamenta que se descarte la línea de investigación relativa al ejercicio periodístico de la víctima a partir de indicios y sin haber investigado a profundidad el caso, como si los lazos amistosos o familiares de los posibles responsables de un delito permitieran desechar cualquier otra posibilidad.

Si bien no podemos prejuzgar sobre posibles responsabilidades y la validez de la evidencia, las autoridades estatales tienen obligación de difundir información clara, consistente y explicar las contradicciones en los datos difundidos, respetando el derecho a saber de la sociedad.

En ese sentido, ARTICLE 19 exige que la actuación de las autoridades de Baja California se apegue en todo momento al debido proceso, que se respeten los derechos y la dignidad de la víctima, sus familiares, y de los inculpados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que sólo si se esclarecen todas las circunstancias, el Estado habrá proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo y habrá cumplido con su obligación general de investigar y sancionar, permitiendo conocer la verdad sobre todo lo sucedido.

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