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Violencia contra periodistas en México recrudece en 2012

(Cencos/IFEX) - 31 de diciembre de 2012 - El 2012 ha sido un año especialmente preocupante para la libertad de expresión en el país. El sexenio de Felipe Calderón cerró con el año más violento para la prensa, superando la cifra más alta de la que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) tiene registro desde 2009, año en el que se cometieron 244 agresiones contra la libertad de expresión.

Por un lado, las agresiones a periodistas, medios de comunicación y personas trabajadoras de los medios se han incrementado en número, rompiendo las cifras más altas alcanzadas en años pasados y por otro, sigue siendo una preocupación que las agresiones graves no hayan disminuído, tan solo en 2012 fueron confirmados ocho asesinatos y cuatro desapariciones así como nueve casos de ataques a instalaciones de medios con explosivos.

Veracruz amordazado

Concretamente en el estado de Veracruz, durante 2012 observamos como el escenario para la prensa terminó por fracturarse. En ese estado, ocurrieron 6 de los 8 asesinatos y 2 de las 4 desapariciones del total del universo de agresiones, situación que colocó a la entidad en el territorio que más ha contribuido para que México siga siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

La cobertura local sobre temas de seguridad, delincuencia organizada y corrupción, fue el motivo por el que perdieron la vida los fotorreporteros Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra (trabajadora de medio) y Víctor Manuel Báez Chino, además de la muerte de Regina Martínez quien cubrió la fuente de política y seguridad para el semanario Proceso en el estado.

Veracruz concentra el mayor número de agresiones graves y un considerable número de agresiones a físicas a reporteros y reporteras, medios de comunicación y trabajadores de las áreas administrativas y de circulación. Situación que avanza de la mano con el deterioro de la situación que guardan los derechos humanos en general en el estado y al tiempo que la violencia se recrudece.

Este escenario había sido previsto desde un año atrás, sin embargo, la reacción de las autoridades no tuvo efectos favorables en cuanto a la prevención y proteción de las y los periodistas que se encontraban en peligro por su labor de informar.

Por otro lado, la impunidad generalizada continúa siendo el rasgo principal de la repetición de los delitos contra la prensa, en los cinco casos de asesinatos confirmados en Veracruz como en el resto del país, la justicia permanence ausente. No existe ninguna persona juzgada, hasta la fecha, que responda a los asesinatos y las desapariciones ocurridas.

El fenómeno del desplazamiento

No existen registros oficiales sobre el desplazamiento forzado de periodistas, pero organizaciones e instancias locales han logrado documentar al menos dos docenas de estos casos, en los que la capital del país se ha convertido en un refugio temporal. Las entidades de las cuales migran los y las periodistas son Veracruz, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca.

En años pasados se había hecho apenas perceptible este fenomeno llegando a ser este el año en que más casos ha registrado de desplazamineto reiterando la gravedad de la situación que de manera acelerada se ha incrementado en aquellas entidades que de manera continua habian sido las de mayor incidencia de violaciones graves a la libertad de expresión.

Acciones por parte del Estado

En la agenda legislativa, la criminalización de las opiniones sigue siendo un tema pendiente. Mientras que a nivel federal se han dado pasos importantes en años pasados, en lo que concierne a las legislaciones estatales no se han generado aún las acciones suficientes para terminar con la criminalización de la opinión.

El ejemplo más claro de esta situación se vivió en el estado de Puebla en donde dos periodistas fueron demandados por parte del gobierno estatal por sus opiniones vertidas. Esta situación representa un retroceso en una sociedad abierta y democrática.

La urgencia de la situación que atraviesa la libertad de expresión ha logrado impulsar el avance en la agenda legislativa. De la mano de la sociedad civil comprometida a la defensa del derecho a la libertad de expresión es que se logró avanzar con la reforma del artículo 73 constitucional mismo que federaliza la persecución de los delitos cometidos contra periodistas además de la aprovación de la Ley Federal para la protección de Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas.

La necesidad de medidas y acciones por parte del Estado se hizo cada vez más apremiante en los últimos años con la continuidad de agresiones y su gravedad.
Cencos, conjuntamente con un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil en México avocada a la defensa de derechos humanos y libertad de expresión participó a lo largo de tres años en diferentes espacios con autoridades y organizamos de derechos humanos desde los que se impulsó la creación de un mecanismo de protección eficaz.

Después de una ardua labor de sensibilización para colocar la problemática en la agenda pública, la Ley fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal el 25 de junio de 2012.

Actualmente, la Ley se encuentra en proceso de implementación y las organizaciones que han dado impulso a lo largo del proceso siguen participando en la supervisión y monitoreo del cumplimiento de los reglamentos y protocolos para operativizarla.

Cencos considera un logro la aprobación y posterior implementación de la Ley, resultado del trabajo de tres años con los diversos actores involucrados en el tema y que puede ser una herramienta significativa para la disminución de casos de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Es así que el balance general del año 2012 se presenta como el peor en lo que a libertad de expresion se refiere debido al recrudecimiento de la violencia contra el gremio periodistico, sin dejar de mencionar los logros legislativos necesarios para emprender la reparacion del daño que causa en una sociedad la falta se garantias para ejercer derechos fundamentales y seguir caminando hacia la construcción de un estado democratico incluyente y respetuoso de la pluralidad.

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