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La transparencia es necesaria en la investigación sobre el asesinato de fotógrafo mexicano

Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo de sociales del periódico Vanguardia de Saltillo, Coahuila, fue asesinado la madrugada del miércoles 24 de abril de 2013. Con el joven fotógrafo de 22 años de edad, se encontró el cuerpo sin vida de Julián Alejandro Zamora Gracia de 23 años de edad.

Daniel Alejandro tenía un mes de haberse incorporado como fotógrafo de sociales de Vanguardia. La última vez que lo vieron con vida sus compañeros de labores, fue la tarde del martes 23 de abril cuando a las 14:48 acudió al periódico a recoger sus órdenes de trabajo. El joven no acudió a los eventos que tenía que cubrir ese día a partir de las 18:00 horas.

Vanguardia informó en una nota periodística publicada el jueves 25 de abril, que “sin investigación ni pruebas de por medio, ni siquiera con el levantamiento de testimonios”, funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Coahuila acusaron a Daniel Alejandro de tener vínculos con una organización criminal.

Lo hicieron a través de un comunicado de prensa emitido a las 22:30 del miércoles, donde textualmente señalan que “junto a los cuerpos había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal”.

Tras la publicación del comunicado, los directivos de Vanguardia solicitaron a la Procuraduría de Justicia Estatal que a los señalamientos vertidos contra Daniel Alejandro, acompañaran con pruebas periciales y testimoniales las acusaciones. Hasta el cierre de la edición de ayer miércoles, que se prolongó hasta las 3 de la mañana de este jueves, los representantes de la dependencia no habían entregado la información requerida por el medio.

Entrevistado por ARTICLE 19, Ricardo Mendoza, Director de Vanguardia, declaró que lo único que le pidieron a la Procuraduría de Coahuila es que “acompañaran su dicho (vertido en el comunicado) con elementos de prueba. Porque no es con interpretaciones de dos mensajes como se resuelven los crímenes”.

ARTICLE 19 sostiene que con los señalamientos realizados por las autoridades de Coahuila se vulnera un derecho de acceso a la justicia y los correlativos deberes del Estado de investigar, esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, así como garantizar la reparación del daño. De esa manera, se revictimiza a los familiares del fotoperiodista y se vulnera su derecho a la honra y el buen nombre mediante afirmaciones dirigidas a poner en tela de duda su probidad.

Lejos de realizar este tipo de aseveraciones, las autoridades locales deberían preocuparse por garantizar la imparcialidad, independencia y efectividad de la investigación sobre los asesinatos, así como el acceso de los familiares de la víctima a los datos que arroje la indagatoria.

De 2000 a la fecha, Coahuila reporta el asesinato de dos periodistas y la desaparición de un tercero. Además, es el Estado que más ataques a medios de comunicación presenta con 10 casos. Uno de estos ataques ocurrió en las instalaciones del periódico Vanguardia el 29 de mayo de 2011.

ARTICLE 19 hace un llamado a la Procuraduría de Justicia de Coahuila para que investigue a fondo los asesinatos y sostenga con pruebas las acusaciones lanzadas en su comunicado. No hacerlo violentaría un derecho fundamental que es la presunción de la inocencia de todo ciudadano.

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