ARTICLE 19 tuvo conocimiento de la denuncia penal presentada por la Auditoría General del Estado de Guerrero, así como del exhorto lanzado por cinco diputados locales, que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que tres periódicos revelen algunas de sus fuentes.
ARTICLE 19 tuvo conocimiento de la denuncia penal presentada por la Auditoría General del Estado (AGE) de Guerrero, así como del exhorto lanzado por cinco diputados locales, que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que los periódicos La Jornada Guerrero, El Sur y Puntual revelen las fuentes utilizadas en la publicación de una nota que hace referencia a las millonarias observaciones que hizo la AGE a 14 ayuntamientos guerrerenses en sus cuentas públicas de 2012.
Para ARTICLE 19 la acción legal que pretende realizar la AGE y el exhorto lanzado por los diputados locales son un ataque frontal al derecho de libertad de expresión. Esta forma de actuar de las autoridades contravienen sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos teniendo en cuenta que todo comunicador social “tiene el derecho a la reserva de fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, así abren la puerta para desencadenar el hostigamiento judicial a la prensa.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU en su observación general 34, establece con toda claridad que los Estados deben reconocer y respetar la prerrogativa de los periodistas de no revelar sus fuentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No es ningún delito publicar información que se obtuvo legalmente y cuya veracidad no está siendo cuestionada”, comentó Juan Angulo Osorio, director del periódico El Sur, entrevistado por ARTICLE 19.
Con esta denuncia y exhorto, los representantes de la AGE, así como los cinco diputados locales, violentan las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión que garantizan el derecho que tienen los medios de comunicación y los periodistas a la reserva de fuentes como elemento fundamental para el ejercicio de su trabajo en una democracia. Además, violan la normatividad local en materia penal y civil que protegen el ejercicio periodístico.
Para ARTICLE 19 resulta especialmente preocupante este intento de coartar la libertad de expresión en Guerrero, ya que se suma a la violencia existente contra la prensa donde tan sólo en 2013 se registraron 17 agresiones.
A nivel nacional, 6 de cada 10 agresiones contra periodistas, en los que ARTICLE 19 ha podido ubicar a los presuntos agresores, los perpetradores son servidores públicos, la mayoría de ellos en los niveles municipal y estatal, de ahí que la actuación de los cinco legisladores de Guerrero y los representantes de la AGE, afecta el derecho de la sociedad a conocer asuntos de interés público, ya que la difusión de información sobre asuntos relacionados con el adecuado gasto de los recursos públicos municipales, está especialmente protegido y debe darse sin inhibiciones.
ARTICLE 19 hace un llamado a los representantes de la AGE y del Congreso Estatal, para que se desistan de la denuncia penal y exhorto contra los tres medios de comunicación y ajusten su actuación conforme a las obligaciones internacionalmente adquiridas en materia del derecho humanos de libertad de expresión.