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Declaración de periodistas mexicanos denuncia acciones represivas de funcionarios estatales

Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 5 de noviembre de 2014.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las acciones de censura, discriminación y represión de miembros del gobierno estatal de Querétaro en México contra periodistas locales, al tiempo que pidió al gobierno nacional garantías para la seguridad de los reporteros.

Unos 75 periodistas de Querétaro denunciaron en un pronunciamiento público amenazas, discriminación y represión por parte de funcionarios estatales de la administración del gobernador Antonio Calzada.

Los periodistas reprobaron la orden del secretario de Gobierno del estado para censurar e incitar una agresión contra Juan Manual Auzua, conductor del programa “El Guardián de la noche” en la radio 92.7 FM, en el que se ha abordado el tema de la inseguridad en Querétaro.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, del diario La República de Perú, hizo un llamado al gobierno de México “a fortalecer los mecanismos creados para investigar los delitos contra la libertad de expresión y proteger la actividad periodística”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, del semanario Búsqueda de Uruguay, añadió que “condenamos los ataques contra los periodistas, pedimos al gobierno de Querétaro que revise las prácticas de sus funcionarios, la relación con la prensa y tome las medidas necesarias para que no se amenace o incite a la violencia en contra de los reporteros”.

Los pedidos de las autoridades de la SIP también responden a la falta de eficiencia de las autoridades para prevenir e investigar los casos de cinco periodistas mexicanos asesinados en este 2014 por razones profesionales. La SIP insiste sistemáticamente al gobierno nacional por la poca eficiencia demostrada por la Fiscalía Especial y el Mecanismo de Protección para Periodistas.

En el informe y resolución más reciente sobre México discutidos en Chile el mes pasado la SIP “pide al Congreso y al Poder Ejecutivo federal que fortalezcan las instituciones que han creado para prevenir, vigilar e investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión, otorgándole recursos económicos y personal suficientes para que su trabajo sea efectivo y frene la impunidad de los casos”.

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