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Oficiales en Baja California, México inician boicot comercial en represalia por "difamación"

Este articulo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 13 de marzo de 2015.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó con Grupo Periódicos Healy de México y condenó la campaña mediática de desprestigio iniciada por el gobernador del estado de Baja California, México, contra tres diarios de esa casa editorial que publicaron denuncias sobre irregularidades en el gobierno.

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, y los alcaldes de cinco municipios del estado, publicaron un desplegado en periódicos mexicanos locales y nacionales, argumentando ser víctimas de chantaje y de publicaciones difamatorias en los diarios del Grupo Healy. Anunciaron, en represalia, que iniciaban un boicot comercial hacia esos medios.

La acción ocurre luego que los diarios los diarios La Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y Frontera Ensenada en Ensenada, pertenecientes al Grupo Healy, publicaron una serie de reportajes sobre la precaria situación económica y social en el estado y, en particular, sobre las propiedades que adquirió el Gobernador durante su gestión y sobre las que se niega informar.

Gustavo Mohme, presidente de la SIP, expresó la solidaridad de la organización con el Grupo Healy. “Esta campaña de desprestigio" – dijo – "demuestra que los diarios están haciendo bien su trabajo”.

Mohme, director del diario peruano La República, condenó el boicot comercial que cobra una “dimensión especial” cuando quien lo ejecuta es el propio gobierno, “tratándose de un hecho ilegal e ilícito con agravantes irremediables por ser el propio gobierno el que contraviene principios constitucionales, atentando contra la propiedad privada y limitando el derecho del público a saber sobre temas de la administración pública”.

A su vez, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “los funcionarios estatales olvidan que su mandato popular y responsabilidad les exige administrar los bienes de otros con total transparencia e informar en forma oportuna, rápida y eficiente como dispone la ley de acceso a la información pública mexicana, sin necesidad, siquiera, que alguien lo solicite”.

Grupo Healy rechazó las denuncias y dijo en un editorial de su presidente y director general, Juan Fernando Healy, que “no extorsionamos, informamos”. Agregó que: “El derecho a la libertad de expresión lo defendemos no porque consideremos que nos da el poder de decir lo que queremos, sino de comunicar a la población lo que creemos que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática”.

La SIP y el Grupo Healy coincidieron que el desplegado y la incitación del gobierno de Baja California vulneran la Declaración de Chapultecpec aceptada por el gobierno de México, en cuyo principio 10 se establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

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