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Ciudad de México: ¿una nueva ley para proteger a los periodistas?

Periodistas participan en una protesta contra el asesinato de reportero gráfico Rubén Espinosa el 6 de agosto de 2015
Periodistas participan en una protesta contra el asesinato de reportero gráfico Rubén Espinosa el 6 de agosto de 2015

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Este artículo fue publicado en rsf.org el 14 de agosto de 2015.

El Distrito Federal promulgó el lunes 10 de agosto una Ley destinada a la protección de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. RSF celebra esta iniciativa, no obstante, nuestra organización permanece atenta a que se aplique de forma efectiva. Esta ley podría servir de ejemplo para otros estados del país, en medio de una situación de gran peligro para los profesionales de la información que trabajan en México.

Tras el asesinado, hace sólo unos días, del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, junto con otras tres personas en la ciudad de México, numerosos periodistas temen –con justa razón– por su integridad física y por el futuro de su profesión.

En medio de esta tensa situación, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el lunes 10 de agosto la entrada en vigor de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, con la que se busca reforzar la protección a los periodistas en el distrito de México.

Esta ley surge tras varios años de trabajo y de concertación entre miembros de la sociedad civil, organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y funcionarios del Distrito Federal.

La nueva ley prevé, entre otros aspectos: reconocer el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público; garantizar la integridad física, psicológica, moral y económica de los periodistas cuando se encuentran en riesgo debido al ejercicio de su actividad, así como garantizar los mismos derechos y ofrecer la misma protección a otros colaboradores periodísticos y a los familiares de los periodistas. Asimismo, esta ley contempla proteger estos derechos y ofrecer la misma protección a los periodistas que vengan de otros lugares (fuera del Distrito Federal) a consecuencia de la violencia de la que fueron o podrían ser víctimas. También prevé la asignación Medidas de Protección Urgente y Medidas de Carácter Social que podrán estar disponibles en 24 horas, para ofrecer a los periodistas hospedaje y comida.

“Celebramos la promulgación de esta ley y reconocemos la voluntad política para incrementar la protección que se ofrece a los periodistas en el distrito de México. Esperamos que esta ley tenga un efecto bola de nieve y sirva de ejemplo a otros estados de México donde este tipo de mecanismos no existen o son ineficaces”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho Américas de Reporteros sin Fronteras (RSF). “No obstante, nuestra organización desea que esta ley no sea utilizada con fines políticos y pide encarecidamente que se destinen los recursos necesarios para su buen funcionamiento”, añadió.

Como la ley sufrió diversas modificaciones de último minuto, las organizaciones civiles que participaron en el proyecto permanecen vigilantes respecto a su aplicación efectiva. Por ello, hicieron algunas peticiones, a las que se suma RSF.

Entre ellas se encuentran:

  • Que exista un compromiso serio por parte de las diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal para cumplir con el objeto de la ley, y que sea posible realizar cambios o reformas a los lineamientos generales de la ley, en consulta con la sociedad civil.
  • Que el comité encargado de la aplicación de la ley esté conformado de forma equitativa por miembros de la sociedad civil y del gobierno.
  • Que se asignen los recursos necesarios, así como a personal adecuadamente capacitado y que conozca los problemas que enfrenta el gremio periodístico, para la implementación del mecanismo.
  • Que se garantice que el mecanismo funcionará con autonomía de gestión, patrimonio propio, y que el fondo para implementar las medidas de protección se encontrará disponible rápidamente.

Recordamos que desde el año 2000, han sido asesinados 89 periodistas en México, según datos de RSF. México ocupa el lugar 148, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en febrero de 2015.

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