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Funcionarios políticos en México orquestan red de acoso contra periodistas

Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 24 de agosto de 2015.

De acuerdo con la investigación realizada por la Policía Federal, con motivo de los ataques contra el portal de noticias SinEmbargo, Adrián Rubalcava Suárez, ex delegado de Cuajimalpa y próximo diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, junto con Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa, operan una red de ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos.

En octubre de 2014, SinEmbargo sufrió ataques cibernéticos, los cuales dejaron inhabilitada la página en reiteradas ocasiones. Por ello, el medio interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual turnó la investigación para la Unidad Científica, consta en el expediente 074/2015.

La Policía Federal contribuyó con más de 30 intervenciones telefónicas que dan cuenta de la relación de Rubalcava con el trabajador de Televisa, por lo que la Unidad Científica identificó que Juan Carlos Zaragoza Ríos, desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y extorsiones.

La investigación también señala que el equipo de Zaragoza atacó a un periodista de Grupo Imagen, a Cuna de Grillos y a otros medios y comunicadores de la capital y del interior del país. De las grabaciones se desprende también que Fidel Herrera Beltrán, ex gobernador de Veracruz, pagó a Zaragoza para acosar a Aristegui Noticias.

Las intervenciones telefónicas entregadas a SinEmbargo detallan el probable uso de recursos públicos para pagar agresiones contra periodistas y medios de comunicación. No hay evidencia de que otros empleados de Televisa intervinieran dentro de la organización delictiva.

En las grabaciones, Zaragoza Ríos afirma que usó, sin consentimiento, la cuenta de Twitter del periodista Joaquín López Dóriga para difundir mensajes difamatorios y acusaciones. También presume que usa las redes sociales del Canal 2 de Televisa. Señala el reportaje publicado hoy en SinEmbargo.

Justicia al servicio de los agresores

La investigación federal, que actualmente se encuentra en manos de la FEADLE, se caracteriza por omisiones en beneficio del ex delegado de Cuajimalpa. La primera agente del Ministerio Público que llevó el caso, Jeannette Aguirre, supuestamente recibe dinero de los agresores, de acuerdo con las grabaciones. Por ello, las víctimas solicitaron el relevo de Aguirre y pese a que fue cesada del caso, actualmente dirige las investigaciones por el asesinato de Moisés Sánchez, en Veracruz.

Otro MP que fue designado para este caso se fue “de vacaciones”, poco antes de que Rubalcava obtenga el fuero por ser próximo legislador de la ALDF. Y aún cuando la Fiscalía fue alertada sobre la urgencia de consignar por uno de los involucrados, la instancia federal ha sido omisa en designar a otra persona.

Para ARTICLE 19 estos ataques a SinEmbargo y a otros medios de comunicación vulneran el ejercicio de la libertad de expresión de sus periodistas, al mismo tiempo que violenta el derecho que tiene la sociedad de estar informada.

Asimismo, para ARTICLE 19 no hay duda al señalar que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar las omisiones por parte de la FEADLE, que tiene como mandato la protección de la libertad de expresión y no obstante, ha beneficiado a los agresores, vulnerando la seguridad de los integrantes de estos medios.

Adicionalmente, ARTICLE 19 llama a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a la FEADLE y al Gobierno del Distrito Federal a adoptar las medidas preventivas y de protección que resulten necesarias para garantizar no sólo el ejercicio de libertad de expresión, sino la seguridad personal, de instalaciones y demás derechos humanos de quienes laboran en SinEmbargo.

Por esa razón, ARTICLE 19 hace un llamado a las autoridades federales y del Distrito Federal para que sin dilaciones cumplan con su responsabilidad de investigar las agresiones, garantizar la integridad de los colaboradores del medio y proteger el derecho que tienen de recabar y difundir información sin presiones de ningún tipo.

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