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Autoridades en México insisten en ocultar información sobre ejecuciones en el estado de Tlatlaya

Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 5 de diciembre de 2015.

El Instituto Nacional de Transparencia (Inai), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) impugnaron la sentencia del juez federal que “derriba la secrecía sobre las ejecuciones en Tlatlaya”, al ordenar que se desclasifique la investigación penal militar y se entregue a Aristegui Noticias.

ARTICLE 19 considera que la actuación de estas autoridades representa un revés jurídico que sólo alienta la secrecía e impunidad de las graves violaciones ocurridas en junio de 2014 y representa una incongruencia a la función que debe cumplir el Inai como organismo garante del derecho de acceso a la información.

En noviembre de 2015, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal otorgó el amparo a Aristegui Noticias al dejar insubsistente la resolución del Inai que reservaba la información del caso Tlatlaya y le ordenaba resolver a favor del acceso. Para el juez no cabe duda en que las ejecuciones de Tlatlaya son violaciones graves y que existe un vínculo directo entre los hechos y la investigación militar solicitada –la que ahora se encuentra dentro de una causa penal. Por esta razón, señaló el juez, dicha investigación no puede desvincularse ni verse de manera aislada de las ejecuciones cometidas por miembros del Ejército, las que fueron consideradas “graves violaciones” por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

ARTICLE 19 considera sumamente delicado que el Inai persista en mantener en secreto el nivel de involucramiento militar y las actuaciones posteriores de la Sedena con relación a esta masacre. Acciones como ésta hacen que el Instituto falle gravemente a su deber constitucional de garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia. Así, los comisionados y comisionadas violan también el derecho a la verdad de la sociedad y niegan la rendición de cuentas.

En su recurso, el Inai no cuenta con argumentos sólidos que sostengan la secrecía que defiende, pues a pesar de solicitarlo en tres ocasiones, el Instituto nunca tuvo acceso a la información que clasificó. Es decir, nunca tuvo a la vista la investigación militar del caso Tlatlaya que afirma –categóricamente, repitiendo los argumentos de la Sedena– no está relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Es preocupante también la posición de PGR y Sedena. La primera niega textualmente en su recurso la existencia del derecho de acceso a la información de la persona solicitante e insiste que absolutamente todos los procesos penales son clasificados, soslayando los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia al respecto; así como los recientes avances de las reformas en materia de transparencia. La Sedena, por su lado, sin mayor fundamento alega que es imposible entregar la información porque la misma se ha convertido en una causa penal. Además cuestiona la conclusión a la que llegó la CNDH, pues Tlatlaya, según esta, sólo impactó a “unas cuantas víctimas” y no a la sociedad mexicana en su conjunto.

ARTICLE 19 considera que, contrario a los argumentos de las autoridades, la sociedad también es víctima de las graves violaciones a derechos humanos y por lo tanto es acreedora para conocer la verdad de las ejecuciones y demás violaciones ocurridas en Tlatlaya. El derecho de acceso a la información es una pieza clave para la construcción de la verdad y el acceso a la justicia. Como argumentó en su sentencia el juez, “la falta de transparencia y la oscuridad han sido los medios para el florecimiento del abuso del poder y, precisamente, de la violación de derechos humanos”.

Con base en esto, ARTICLE 19 exhorta a las y los comisionados del Inai a desistirse de su impugnación, ordenar la desclasificación de la información solicitada y reconocer que los hechos de Tlatlaya en su conjunto constituyen graves violaciones a derechos humanos.

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