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PERFIL

Regina Martínez

Un brutal asesinato seguido de una investigación profundamente defectuosa; el caso de Regina Martínez es un emblema de la guerra de México contra los periodistas.

Periodistas marchan en Veracruz para exigir justicia en el caso de Regina Martínez, el 28 de Abril de 2013, AP Foto / Felix Márquez

Regina siempre escribía como un tercio más de la verdad real de lo que yo me hubiese atrevido en cualquier historia que cubríamos. Y yo escribo más que la mayoría de los reporteros.


Un compañero de Martínez que pidió anonimato en su entrevista con el Comité para la Protección de los Periodistas

"Regina siempre escribía como un tercio más de la verdad real de lo que yo me hubiese atrevido en cualquier historia que cubríamos", dijo un colega periodista de Xalapa, Estado de Veracruz," y yo escribo más que la mayoría de los reporteros." Incluso entre los más valientes de los periodistas mexicanos, Regina Martínez, de 49 años, era considerada particularmente audaz. Antes de que fuera asesinada en abril de 2012, había pasado treinta años trabajando como periodista, y era mejor conocida por su trabajo en el semanario Proceso, donde presentó informes periódicos sobre el crimen organizado y la corrupción política. De acuerdo con su antiguo amigo y colega Jorge Carrasco Araizaga, el enfoque inquebrantable de Martínez en el periodismo enfadó y molestó a varios.

En la tarde del 28 de abril de 2012, Martínez fue encontrada muerta en su casa de Xalapa; había sido brutalmente golpeada y luego estrangulada. Su asesinato conmocionó a la comunidad periodística en Veracruz, y ex colegas sugieren - de manera bastante razonable - que su muerte podría estar relacionada con su trabajo de investigación de los vínculos entre los empleados estatales y los criminales locales: en las últimas semanas de su vida, Martínez había escrito acerca de jueces corruptos, policías con enlaces a las bandas de narcotraficantes, y alcaldes que luchan al lado de gangsters en un tiroteo con el ejército.

Pero a pesar de esta línea de investigación aparentemente obvia, la autoridad investigadora se demoró dando vueltas y no parecía estar dispuesta a estudiar la posible relación entre la muerte de Martínez y su trabajo; un patrón que ya es familiar en México, donde la tasa de impunidad por el asesinato de periodistas es aproximadamente del 90%.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para practicar el periodismo, y, durante los últimos 12 años, Veracruz ha sido su Estado más letal (y algunos dicen corrupto). Al menos diez periodistas han muerto allí desde 2010 debido a su trabajo, y las bandas del crimen organizado relacionadas con políticos y policías corruptos son sospechosas de tener la responsabilidad de la mayor parte de estas muertes. Los ataques a los medios de comunicación son frecuentes, y las manifestaciones de la corrupción pueden ser dramáticas: en noviembre de 2011, las oficinas del periódico local El Buen Tono fueron agredidas por un grupo de hombres armados que destruyeron equipos y prendieron fuego a las instalaciones; todo el incidente fue capturado por las cámaras de seguridad y todavía se puede ver en Youtube. En diciembre de 2011, 900 policías municipales en Veracruz fueron despedidos a causa de corrupción y las autoridades policiales fueron entregadas a la Armada de México.

Un anuncio realizado tempranamente por parte de los investigadores que daba a entender que el asesinato de Martínez había sido un "crimen pasional" fue rotundamente rechazado por periodistas y activistas que, una vez más, pidieron una investigación para que su trabajo sea considerado como un posible motivo de su asesinato. Pero esta conexión nunca se exploró, a pesar de una declaración de mayo de 2012 por dos miembros del cartel de los Zetas que indicaba que el asesinato de Martínez estaba conectado a la delincuencia de drogas.

En octubre de 2012, los investigadores anunciaron que habían detenido a uno de los asesinos de Martínez, y que el motivo del asesinato era ahora el robo. El sospechoso fue Jorge Antonio Hernández Silva, un ladrón analfabeto de poca monta, sin antecedentes de violencia. Antiguos compañeros de Martínez, Carrasco entre ellos, despreciaron esta nueva interpretación. La policía dijo que también estaban buscando un segundo sospechoso, José Adrián Hernández Domínguez.

Los investigadores dijeron que Hernández Silva había confesado el asesinato. Pero, aparte de su confesión, existían pocas pruebas que lo vincularan con el crimen. Laura Borbolla, fiscal especial de México para los Delitos contra la Libertad de Expresión, expresó serias dudas acerca de la investigación, diciendo que no podían ni siquiera colocar a Hernández Silva en la escena del crimen. Más tarde, frente a un juez, Hernández Silva dijo que había sido torturado por la policía que lo interrogó y fue obligado a repetir la versión de los hechos como la suya propia; afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato de Martínez.

A pesar de evidentes fallas en la investigación, el 10 de abril de 2013, un tribunal de Xalapa sentenció a Hernández Silva y lo condenó a 38 años y dos meses de prisión por el asesinato. Los periodistas rechazaron el veredicto; muchos consideran que el ladrón de poca monta es un conveniente chivo expiatorio.

En el mismo mes en que Hernández Silva fue condenado, José Carrasco,
reportero responsable del proceso para la cobertura de la investigación del asesinato, y un fuerte crítico de sus defectos e inconsistencias, recibió mensajes de que ex-empleados del Estado cercanos al gobernador del Estado estaban planeando un ataque contra él. Carrasco se escondió con varios guardaespaldas.

En agosto de ese año, un tribunal de Veracruz decidió que Hernández Silva no había tenido un juicio justo y revocó su condena; catorce meses después, el mismo tribunal ordenó su nueva detención para que pudiera completar su sentencia original. Su presunto cómplice, Hernández Domínguez, nunca fue encontrado, y la investigación sobre la muerte de Regina Martínez permanece abierta.

Última actualización: 29 septiembre 2016

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