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Preocupa a la SIP beneficios penales a favor de asesinos de periodistas

(SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 7 de marzo de 2008:

Preocupa a la SIP beneficios penales a favor de asesinos de periodistas en Nicaragua

Miami (7 de marzo de 2008) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por los privilegios penales que se podrían estar otorgando en Nicaragua a los condenados por los asesinatos de los periodistas María José Bravo y Carlos Guadamuz, situación que reclamó "aumenta el clima de impunidad alrededor de la libertad de prensa en América Latina".

La discusión pública en Nicaragua ocurre a pocos días que la SIP expresara su intranquilidad por los beneficios penales que se ha concedido a numerosos criminales, tras un análisis pormenorizado de los procesos judiciales en torno a 84 asesinatos de periodistas que la organización hemisférica viene dando seguimiento.

El trabajo de la SIP, al que se puede acceder en http://www.impunidad.com , denuncia que 27 condenados por el asesinato de periodistas han visto reducir sustancialmente sus tiempos en prisión o gozan de regímenes de arresto domiciliario, entre otros beneficios. Si bien estos aspectos se ajustan a la aplicación de leyes vigentes, la SIP viene denunciando la flexibilidad que muestran algunos jueces, lo que ha destacado en la Conferencia Hemisférica sobre el Poder Judicial, Prensa, Impunidad que celebró el año pasado en República Dominicana y a la que asistieron representantes de la mayoría de los poderes judiciales del hemisferio. Como ejemplos, la SIP citó los casos de los periodistas colombianos Guillermo Cano y Orlando Sierra y de José Luis Cabezas en Argentina.

Según denunció esta semana el diario "La Prensa", magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, aparentemente motivados por intereses políticos, estarían intentando beneficiar a Eugenio Hernández González, ex alcalde condenado en enero de 2005 a 25 años en prisión por el asesinato de María José Bravo, ocurrido el 9 de noviembre de 2004. La periodista era corresponsal de los diarios "La Prensa" y "Hoy", en la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales, al sureste de Managua.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, expresó que "estaremos atentos al curso de esta situación en Nicaragua y esperamos que la justicia mantenga sus veredictos en firme".

Marroquín, director del diario guatemalteco "Prensa Libre", agregó que "la aplicación de la justicia independiente, de juicios eficaces y sentencias a los crímenes contra periodistas es el único instrumento con el que contamos para derrotar a la impunidad y quebrar el círculo de violencia contra periodistas y el derecho del público a la información".

El presidente de la Sala Penal, magistrado Armengol Cuadra, confirmó la denuncia de "La Prensa" y suspendió la elaboración de la sentencia a la apelación que discutía ese tribunal. El magistrado acusó a sus colegas de pretender cambiarle a Hernández el delito de asesinato por el que fue sentenciado y que conlleva una sentencia entre 15 y 30 años, por el de homicidio, castigado con una pena menor y que lo habilitaría para su próxima liberación.

Por otro lado, desde la semana pasada y por motivos de salud, según explicó el Ministerio de Gobernación, se otorgó libertad condicional a William Hurtado García, condenado en abril de 2004 a 21 años de prisión por el asesinato el 10 de febrero de ese año de Carlos Guadamuz, presentador del programa "Dardos al Centro", del Canal 23, en Managua.

Avanzan investigaciones en Brasil

La SIP también expresó su satisfacción por el arresto en Brasil de cuatro policías militares y un comerciante acusados por el asesinato del periodista Luís Carlos Barbon Filho, ocurrido el 5 de mayo de 2007. Los sospechosos del crimen están en el presidio Romão Gomes de la policía militar en São Paulo desde el pasado 4 de marzo. Barbon Fliho era colaborador de "Jornal do Porto" y la Radio Porto FM, en Porto Ferreira, también escribía para "Jornal JC Regional", en Pirassununga, São Paulo. De acuerdo a indagaciones de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Brasil, poco antes de su asesinato el periodista divulgó actos irregulares practicados por la compañía de la policía militar a la que pertenecían los agentes acusados. El comerciante es el dueño del arma presuntamente utilizada en el crimen.

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