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La SIP condena amenazas contra periodista por reportajes sobre corrupción

(SIP/IFEX) - Miami, 21 de enero de 2011 - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las amenazas contra un periodista del periódico El Nuevo Diario de Nicaragua después de que publicó presuntos actos de corrupción cometidos en dos instituciones del Estado. Al mismo tiempo, la SIP pidió al gobierno garantizar la seguridad física del comunicador e investigar el contenido de las denuncias periodísticas.

En un editorial del 19 de enero, El Nuevo Diario, denunció que un periodista de ese medio ha sido amenazado luego de la publicación de reportajes en las últimas semanas "sobre probados actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)".

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director de Prensa Libre de Guatemala, aseveró que "esperamos que las autoridades encargadas garanticen la seguridad física del periodista, pero que también tomen en cuenta las denuncias periodísticas e investiguen los actos de corrupción señalados".

Uno de los periodistas del diario que cubre la DGI ha recibido llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazantes "advirtiéndole sobre el peligro que corre su integridad física por lo que se ha atrevido a publicar".

El copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, lamentó que el "hilo siempre se corte por lo más delgado, afectando a quien expone los hechos de corrupción y no a quienes los cometen". Agregó que la intimidación y amenazas utilizadas como mecanismo para desviar la atención sobre lo que se está denunciando, corrupción y nepotismo, "constituye un repudiable acto contra la libertad de prensa".

En los reportajes se denunció que el titular de la DGI, Walter Porras, contrató a su esposa, Franca Aiello de Porras, como asesora de esa institución, utilizó dinero público para la celebración del cumpleaños de ésta y habría contratado los servicios de una clínica dental, propiedad de su hijo, para atender a los trabajadores de esa dependencia, entre otros hechos de relevancia. El editorial del diario cuestionó por qué las autoridades pertinentes no hayan abierto una investigación de oficio.

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