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Hacia la justicia y la construcción de la paz – Perfil del país Colombia

 
Un partidario del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, agita una bandera durante un mitin frente al Congreso, en Bogotá, Colombia, el lunes 3 de octubre de 2016.
Un partidario del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, agita una bandera durante un mitin frente al Congreso, en Bogotá, Colombia, el lunes 3 de octubre de 2016.

(AP Photo/Fernando Vergara)

“Estamos renaciendo en una nueva era de reconciliación y de construcción de la paz. Estaremos preparados para desarmar nuestros corazones”
– Rodrigo Londoño Echeverri, Líder de las FARC, en la firma del Acuerdo de la Paz el 26 de septiembre 2016.
BBC


Visión de conjunto

Después de décadas de conflicto armado interno en el que millones se vieron obligados a abandonar sus hogares, y más de 220.000 personas perdieron la vida, la implementación de las conversaciones de paz entre los combatientes rebeldes y el gobierno debe ser motivo de esperanza. Sin embargo, la cultura de violencia e impunidad está profundamente arraigada, con un número de muertes y desapariciones que sigue terriblemente alto y una justicia que parece difícil de alcanzar para los abusos cometidos en el pasado. El rechazo del referéndum sobre el acuerdo de paz por un estrecho margen muestra la profundidad de la brecha pública sobre la mejor forma de avanzar hacia una verdadera reconciliación y la reparación de las injusticias del pasado.

Capital:

Bogotá

Población:

48.23 mi

PIB:

US$ 292.1 bn*i


Gobierno:

República de Colombia. Presidente: Juan Manuel Santos Calderón, elegido por vez primera en junio 2010. Reelegido en junio 2014 con el 50.95% del voto popular.


Miembro de:

Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)


Miembros de IFEX que trabajan en el país:

Fundación para la Libertad de Prensa | flip.org.co
Fundación Karisma | karisma.org.co


Índice de libertad de prensa

Reporteros sin Fronteras Índice de libertad de prensa 2016 134 de 179 países


Décadas de terror y esperanzas para la paz

Desde hace más de cinco décadas, los colombianos han vivido bajo un régimen de terror mientras grupos rebeldes marxistas luchaban contra las fuerzas gubernamentales, paramilitares de derecha invadían grandes áreas del país a menudo colaborando con el ejército, los abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales no hacían más que incrementarse y, más recientemente, sumándose una criminalidad relacionada con los narcos que se apoderó del país. El miedo a estas fuerzas hizo que 6,8 millones de personas se convirtieran en desplazados internos, estos números solo se pueden equiparar con la situación actual en Siria. Los asesinatos registrados han superado los 220.000, muchas de las víctimas eran civiles. Miles más han desaparecido. Los asesinos, tanto de las fuerzas gubernamentales, de los paramilitares como de los guerrilleros, gozan de una impunidad casi total, lo que le ha valido a Colombia la reputación de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo.

Sin embargo, a partir de 2004, el número de muertes empezó a disminuir a medida que el conflicto político se desvanecía, que comenzara la desmovilización de los grupos paramilitares, y más tarde, en 2012, que se iniciaran las conversaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para el año 2014 el número de muertes se había estabilizado en torno a los 3.000 por año, además de una fuerte reducción en el número de desapariciones. Los desplazamientos continúan a un ritmo menor, aunque sigan haciéndolo a un ritmo agudo de alrededor de 200.000 al año, según las entidades que monitorean los derechos.

Las intermitentes conversaciones de paz con las FARC culminaron en la firma de un acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016, un movimiento que llevaría a la entrega de las armas por parte de las FARC a los observadores de la ONU y su reintegración a la vida civil bajo la supervisión de un grupo de seguimiento tripartita formado por el gobierno, las FARC y la ONU. El acuerdo de paz fue muy bien acogido a nivel internacional, así como en casa, comparándolo con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a los cuarenta años de 'problemas' en Irlanda del Norte. El acuerdo fue sometido a votación pública por referéndum el 3 de octubre 2016 en medio de grandes expectativas de que sería aprobado. Pero esto no sucedería, y en un resultado que tomó por sorpresa a los que apoyaban el acuerdo, se perdió la votación con una mayoría de tan sólo 50,02%.

En la raíz de la oposición al acuerdo de paz está la ansiedad en torno a si los ex rebeldes podrían integrarse a la vida civil después de décadas gobernadas por la violencia y sobre el papel continuo de las redes criminales. También preocupaba que en virtud del acuerdo, guerrilleros y miembros de las fuerzas armadas que han cometido crímenes de guerra podrían evitar pasar tiempo en la cárcel y que los autores podrían ser autorizados a postularse para un cargo público. El presidente Juan Manuel Santos fijó inmediatamente el establecimiento de un diálogo renovado entre las FARC, el lobby del "no" y el gobierno para "guiar este proceso de paz hacia un final feliz". Ambas partes acordaron que el alto el fuego se mantendría por el momento.

El 30 de noviembre de 2016, el Congreso de Colombia aprobó una nueva versión revisada del acuerdo de paz que abordó varios reclamos del acuerdo original. Bajo el nuevo acuerdo, comenzará el desarme de los rebeldes de las FARC.


Los defensores de los derechos humanos siguen en la línea de fuego

Mientras tanto, defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas de derechos indígenas y comunitarios y periodistas, todos siguen corriendo el riesgo de ser atacados. Front Line Defenders informó de un “alarmante deterioro” de la seguridad de los defensores de derechos humanos en 2015, con 69 homicidios reportados en los primeros ocho meses de 2015 en comparación con 35 para el mismo periodo de 2014. El monitor colombiano de la prensa, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP ), informa que en 2015 se registraron 147 casos de agresiones contra periodistas, entre ellos dos asesinatos. Los últimos asesinatos se atribuyen principalmente a los paramilitares, que a menudo son tolerados o incluso actúan en connivencia con los organismos gubernamentales.

La historia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una organización que ha hecho campaña por la justicia para las víctimas del conflicto armado, es ilustrativo de los peligros, pasados y presentes, que enfrentan los defensores de derechos humanos. El 1ro de febrero de 2016, Nelly Amaya, miembro de MOVICE y defensora de las comunidades indígenas y de los derechos sobre la tierra, recibió varios disparos de hombres armados no identificados mientras trabaja en su tienda. Dos meses antes, el 13 de noviembre de 2015, Daniel Abril, otro activista de MOVICE, fue asesinado. El mismo día, Luis Francisco Hernández González, que estaba trabajando por los derechos afrocolombianos, también fue asesinado. Todos habían recibido amenazas de muerte. Ninguno había recibido protección. Siguen las amenazas. El 14 de septiembre de 2016, unos hombres armados en una motocicleta intentaron matar a Rocío Campos, otra activista de MOVICE. Pudo escapar y huir a una comisaría cercana.

Mujeres marchan en Bogotá, Colombia para exigir el fin de la violencia contra las mujeres
Mujeres marchan en Bogotá, Colombia para exigir el fin de la violencia contra las mujeres

UN Women via Flickr


La larga espera de los periodistas por justicia

Los periodistas han estado al frente de los ataques y, como tantos otros defensores de los derechos, se han dado cuenta que la reparación puede tardarse mucho en llegar.

• Un ejemplo es el caso de Nelson Carvajal Carvajal, periodista asesinado en 1998. Después de 17 años de frustración por la falta de avances de las investigaciones del gobierno sobre su muerte, en 2015, su familia dio la bienvenida a la decisión de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomara el caso. El asesinato de Carvajal y de otros periodistas ha sido objeto de una intensa campaña por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que envió 11 misiones a Colombia durante ese tiempo.
• La reportera Jineth Bedoya, una defensora de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia, ha esperado 16 años para que se hiciera justicia después de un proceso que ha sido descrito como 'glacial' y plagado por una mala administración judicial. En marzo de 2016, un paramilitar fue condenado a 11 años de prisión por su secuestro, violación y tortura. Bedoya fue capturada fuera de una prisión de Bogotá en mayo de 2000, cuando estaba informando sobre las presuntas transacciones de armas entre los grupos paramilitares y funcionarios del Estado. Ella sigue presionando para que se condene a otros autores, y para que se reconozca la complicidad del gobierno en los ataques.

Un programa gubernamental creado en 2000 que proporciona protección para los periodistas ha sido criticado por no impedir los asesinatos, y no abordar la necesidad de una investigación y del procesamiento de los culpables.

Los reporteros siguen siendo amenazados, secuestrados y atacados. Por ejemplo, en mayo de 2016, la periodista Salud Hernández-Mora fue secuestrada por rebeldes del ELN, al igual que otro reportero y un camarógrafo que se propuso cubrir su desaparición. Todos fueron liberados a los pocos días.

La vigilancia y el espionaje ilegal son otras amenazas que enfrentan los periodistas, una situación que se tornó tan aguda que condujo a la disolución de la agencia de inteligencia nacional en 2011, y la creación de una nueva ley de inteligencia en 2013. La ley establece penas severas para los oficiales que van más allá de los límites legales. Sin embargo, algunos monitores de los medios, incluyendo la Fundación Karisma, señalan que el espionaje y las escuchas telefónicas de los periodistas son continuos. Las investigaciones sobre estas violaciones de la privacidad han sido insuficientes y poco transparentes.


¿Qué esperanzas hay de acabar con la impunidad?

La disminución del conflicto interno en Colombia en los últimos años ha tenido un impacto significativo en el número de ataques y homicidios. Aunque el acuerdo de paz ha enfrentado obstáculos, el proceso ha abierto el debate, identificado caminos a seguir y ha demostrado que existe una voluntad por parte de todos los involucrados de encontrar una solución. Sin embargo, sigue siendo sumamente peligroso ser un defensor de los derechos humanos, activista o periodista de investigación, un peligro que sólo puede ser disipado por investigaciones y enjuiciamientos apropiados de los que llevan a cabo esos crímenes, y al hacerlo, poner fin a la impunidad que tantos perpetuadores han disfrutado en el pasado.

Más recursos e información

Jineth Bedoya: Crónica de una justicia demorada

America 19 January 2016

El perfil de caso No a la impunidad de IFEX proporciona una historia detallada de la lucha de Jineth Bedoya por la justicia, así como de los que la han ayudado a lo largo del camino.

Colombia bajo el microscopio de los derechos humanos

America 15 October 2016

Esta presentación conjunta al Comité de Derechos Humanos de la ONU ofrece una visión general del cumplimiento de las obligaciones de Colombia con respecto a la libertad de expresión al mes de octubre de 2016.



ADDITIONAL INFORMATION
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  • Con el fin del conflicto con las FARC gana la libertad de prensa

    Poder hablar de políticas públicas de libertad de expresión es un avance para un país que durante años solo ha podido hablar de periodistas en riesgo. No va a desaparecer toda la violencia contra la prensa, pero sí una fuente significativa de ella.



 
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