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Indignación por condena penal por difamación a pesar de indulto presidencial

El indulto otorgado por el presidente panameño Ricardo Martinelli a dos periodistas de TV sentenciados a penas de cárcel por difamar a funcionarios no resuelve el problema de fondo de que Panamá sigue teniendo leyes penales de difamación, dicen el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros miembros de IFEX.

El 28 de septiembre, un tribunal de apelación sentenció a Sabrina Bacal, la directora de noticias de TVN Canal 2, y al reportero Justino González a un año de cárcel y le impidió ejercer el periodismo durante un año, por haber difundido en 2005 una noticia que afirmaba que varios funcionarios panameños de inmigración estaban participando en el tráfico de seres humanos.

Tras recibir críticas de la prensa local y defensores de los derechos humanos, Martinelli ofreció un indulto pleno la semana pasada.

Aunque el indulto es bienvenido, los periodistas panameños han unido fuerzas para expresar objeciones a las leyes. El 8 de octubre, las estaciones de radio y TV se quedaron a oscuras durante 30 segundos durante las transmisiones de noticias diurnas, como símbolo de luto por la libertad de expresión. Durante la noche, los periodistas protestaron frente a la Suprema Corte y pidieron una revisión de las leyes que se considera que restringen la libertad de expresión, informa el Centro Knight.

Este año, el veterano periodista panameño Carlos Núñez López cumplió una pena de 20 días de cárcel supuestamente por difamar a un propietario en una noticia sobre daños ambientales, informa el CPJ.

En el ámbito regional, los países han comenzado a revocar las leyes que encarcelan a los reporteros por difamación. Argentina derogó las estipulaciones de difamación criminal en su Código Penal en noviembre de 2009, mientras en abril de 2009 Brasil anuló la ley de prensa de 1967, que había impuesto severas penas por difamación y calumnia, dice el CPJ.

Según el CPJ, Panamá sólo ha despenalizado parcialmente la difamación. Según una reforma de 2008, no se pueden imponer sanciones penales en casos de difamación de funcionarios públicos de alto nivel. Pero siguen existiendo otras disposiciones de difamación penal. El caso del Canal 2 estaría sujeto a la difamación criminal incluso ahora, por ejemplo, porque no implicó a funcionarios de alto rango, dijo al CPJ Miguel Bernal, un abogado panameño que maneja cuestiones de libertad de prensa.

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