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Ratificación de sentencia por difamación contra periodistas en Panamá

(SIP/IFEX) - Miami, 13 de septiembre de 2012 - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la ratificación de una sentencia por “daño moral” contra dos periodistas y un diario de Panamá, que hace más de una década denunciaron presuntos actos de corrupción cometidos por un ministro de gobierno, considerándola una forma indirecta de restringir la libertad de prensa y de incentivar la censura.

El Primer Tribunal de Justicia ratificó el 12 de septiembre una sentencia de 2009 de una corte de primera instancia contra la Editora Panamá América (EPASA) que publica el diario Panamá América, y los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, por una demanda civil por “daño moral”, presentada por el también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, quien este año cesó sus funciones en el alto tribunal.

La condena obliga pagar a Spadafora 20 mil dólares en indemnización por daño moral y cinco mil por gastos legales.

Tal como lo expresó en 2003 y 2009, la SIP reiteró que el fallo castiga al mensajero y no tiene en cuenta preceptos y antecedentes jurídicos en materia de verdad e intención que llevó a los periodistas y al medio a denunciar hechos de interés público y de beneficio para el bien común.

El presidente la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, advirtió que “en la práctica el fallo limita seriamente la libertad de prensa, ya que conmina a ejercer un periodismo tibio, y temeroso de las represalias, a pesar de ser fiel y responsable ante los hechos”.

Spadafora inició un proceso civil tras la publicación el 8 de marzo de 2001 en el periódico Panamá América de una nota de los periodistas Chéry y Aparicio que reveló la construcción con dinero público de una carretera que beneficiaba y conducía en forma directa a una finca de su propiedad. En esa fecha Spadafora era el ministro de Gobierno y Justicia de la presidenta Mireya Moscoso.

Mohme, director del diario peruano La República, expresó que “en circunstancias en que los gobiernos de las Américas han acordado reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta imprescindible que la Comisión y la Corte interamericana no pierdan autonomía para que en casos, como el suscitado en Panamá, los ciudadanos puedan recurrir a esta última instancia, cuando consideren que se les ha violado el derecho a un proceso judicial justo o a ejercer libremente su libertad de expresión”.

La SIP ha manifestado su preocupación de que las reformas sugeridas podrían debilitar y neutralizar la capacidad de la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, para denunciar violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

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