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Periodico panameño es multado por causar daño moral

Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 11 de diciembre de 2015.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que un reciente fallo judicial adverso contra el diario La Prensa de Panamá, "es un evidente ataque contra la libertad de prensa", crea antecedentes negativos para los medios y desincentiva la investigación periodística sobre asuntos de interés público.

El 25 de noviembre una jueza civil de primera instancia condenó a La Prensa a pagar a dos contratistas estatales por concepto de "daño moral" la suma de 600.000 balboas (igual cantidad en dólares estadounidenses) y 60.000 balboas en costas, así como la publicación de la parte resolutiva de la sentencia. La Prensa apelará el fallo.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que "más allá del impacto económico para el diario, la sentencia es un evidente ataque contra la libertad de prensa que de no ser revertida por los tribunales locales, el caso debería llegar a instancias interamericanas para que se apliquen estándares internacionales que velan por la libertad de expresión por sobre el derecho al honor, cuando prevalece el interés público y el derecho del público a saber, como en este caso".

Paolillo agregó que los estándares internacionales también reafirman que la democracia implica una férrea fiscalización de parte de la prensa a los actos de gobierno y que se debe prever si el periodista tuvo la intención de infligir un daño premeditado a los afectados o simplemente investigó para informar sobre actividades públicas, "lo que realmente ocurrió con la investigación de La Prensa".

Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda explicó que "la gravedad del fallo reside en que pone un freno a los reportajes investigativos, pues por temor a represalias ningún periodista estará dispuesto a investigar asuntos que involucren a presidentes, altos funcionarios, contratistas estatales o recursos públicos".

El fallo condenatorio se refiere a la demanda de los hermanos David Marco y Daniel Miguel Ochy Diez y su empresa constructora Transcaribe Trading SA (TCT), contra La Prensa a raíz de la publicación entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2012 de una extensa investigación sobre la asignación irregular de recursos públicos para la ejecución de obras durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009–2014).

En represalia por la publicación de la serie de notas sobre anomalías en los contratos, el 2 de agosto de 2012 trabajadores de la empresa bloquearon la sede del diario por tres horas y media con más de 20 camiones remolques, afectando la distribución de sus ejemplares. La SIP condenó en esa oportunidad el bloqueo contra el diario.

Por otra parte, la sentencia desestimó la demanda por perjuicios materiales de TCT presentada por los contratistas. Sin embargo, el pago contemplado en el fallo es una de las sumas más elevadas de los últimos tiempos en la región contra un medio de comunicación por la publicación de un reportaje de interés público.

Los hermanos Ochy Diez, quienes también son dueños de la empresa exportadora de plátanos, Pana Plátanos, mencionada en la investigación periodística, interpusieron otra demanda contra el diario por supuestas pérdidas materiales. La querella se encuentra en curso.

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