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Emisoras y televisoras de Chimbote allanadas y sus equipos incautados, presuntamente en represalia por su cobertura de protestas populares

(AMARC/IFEX) - Como un atentado a la libertad de expresión, periodistas y otros personas de Chimbote calificaron y se movilizaron frente al cierre de tres televisoras y tres radios en esa ciudad de la región Áncash, al norte de Perú. El 18 de abril de 2007, las radios Áncash, Amistad y Miramar, y las televisoras Canal 15, Canal 27 y Canal 55 fueron allanadas y sus equipos incautados por orden de Frey Tolentino Cruz, juez del Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa, quien actuó a partir de una denuncia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Periodistas e integrantes de los medios locales cerrados acusan al gobierno del presidente Alan García de atacar contra estos medios como represalia por el activo papel que tuvieron en la cobertura informativa de las movilizaciones populares realizadas por un conflicto en esa localidad y que terminaron con dos muertos y varios heridos.

En la protesta ante la sede de la Corte Superior de Justicia, César Yarleque del clausurado Canal 15, dijo que "esto es una represalia por la cobertura que hicimos durante el paro regional (de Áncash). Es un claro ejemplo de querer amordazarnos. Los hombres de prensa estaremos ahí para recoger y trasmitir las justas exigencias del pueblo".

En el mismo sentido se expresó Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Periodistas de Chimbote, quien afirmó que se trata de "un grave atentado contra la libertad de expresión y opinión" y acusó al gobierno de cerrar las emisoras porque fueron imparciales durante esas movilizaciones y denunciaron que miembros del partido en el gobierno, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) "crearon disturbios y violencia".

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones argumenta que estos seis medios incumplían la Ley de Radio y Televisión porque en algunos casos tenían licencias vencidas y utilizaban equipos no homologados.

AMARC ya ha señalado que el gobierno peruano abusa de su potestad de administrar el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas y por tanto está afectando la libertad de expresión. Es el caso de las emisoras comunitarias. Aprobada en 2004, la Ley de Radio y TV reconoce estos medios, pero a casi tres años de vigencia de la ley no se ha otorgado permisos a ninguna emisora de estas características.

La situación se ha agravado porque el gobierno empuja a decenas de emisoras a estar en la ilegalidad pero también inicia procesos judiciales que pueden terminar en penas de prisión de hasta seis años. Desde 2006 se modificó el Código Penal, convirtiendo a la transmisión sin autorización en un delito, pero no se proveen los mecanismos adecuados para fundar un medio de comunicación.

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