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Fiscal pide 10 años de cárcel para director de radio

(IPYS/IFEX) - La fiscal Sandra Alarcón, titular de la Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, solicitó 10 años de cárcel y 15000 nuevos soles (US$ 5000) de reparación civil contra el periodista Geovanni Acate, director de Radio Televisión Oriente de Yurimaguas, región Loreto, al noreste del país, por haber informado sobre las protestas amazónicas sucedidas durante el 2009 en la zona.

Al periodista se le acusa, entre otros, de alteración de la tranquilidad pública, delitos contra la paz pública, disturbios en agravio contra el Estado, la población y el orden constitucional en la figura de instigación al delito de rebelión. Junto con Acate la fiscal acusó a Mario Bartolini, sacerdote italiano miembro de la emisora, a 11 años de cárcel y su expulsión del país.

Constante Díaz, abogado de Acate, observó el dictamen de la fiscal señalando que carece de seriedad profesional y técnica. También la acusó de actuar de manera subjetiva, recordando que ésta no estuvo presente en varias de las diligencias de los procesados, ni tampoco en la visualización de los videos. "La fiscal acusa a Bartolini de liderar una movilización, hecho desmentido en un acta por la policía, lo que permite concluir que la fiscal no ha leído expediente", dijo el abogado.

Para el especialista en Derecho Penal Roberto Pereira, el dictamen trata de justificar la imputación de los referidos delitos, atribuyendo al periodista Acate la emisión de opiniones favorables a una protesta y el no haber dado a conocer determinada información sobre la misma, ambas conductas claramente amparadas por la libertad de opinión. Por esta razón, según el especialista, la fiscal estaría incursa en el delito de prevaricato, al haber emitido una resolución manifiestamente contraria a la ley, toda vez que la Constitución expresamente proscribe el "delito de opinión" de nuestro ordenamiento jurídico.

IPYS manifiesta su preocupación por este y otros casos de periodistas que, por su labor de informar sobre las protestas de las comunidades indígenas, están siendo víctimas de procesos diversos que podrían considerarse como persecución judicial.

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