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Absuelven a los presuntos autores intelectuales del asesinato de periodista

(IPYS/IFEX) - El 10 de mayo de 2012, la Tercera Sala Penal de Reos Libres dictó la sentencia definitiva a los acusados del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, ocurrido en 2004 y absolvió al ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y a su ex gerente municipal, Solio Ramírez Garay, acusados de ser los autores intelectuales de ese crimen. El hecho se produjo en Lima, capital del país.

La tercera y última instancia en el Perú que veía el caso, resolvió que “no existen indicios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia” de Valdez y Ramírez, por lo que fueron liberados de los cargos que se les imputaban.

La fiscalía había pedido para las ex autoridades 20 años de cárcel. Los familiares del periodista, asesinado en la ciudad de Pucallpa, Coronel Portillo, el 21 de abril de 2004, habían presentado elementos que, desde su punto de vista, demostraban que Valdez Villacorta tenía suficientes motivos para mandar asesinar a Rivera Fernández.

Los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL) que representaron en el juicio a la familia del periodista, ratificaron que el móvil de asesinato del periodista fueron las denuncias que hizo contra Valdez, mismas que en 2003 alcanzaron interés nacional, a raíz de un hallazgo de más de media tonelada de droga camuflada en un cargamento de propiedad de una de las empresas del ex alcalde.

Según varias pesquisas, Valdez Villacorta habría mandado asesinar al periodista y Solio Ramírez se habría encargado de contactar, a través de su guardaespaldas Jhony Panduro Ventura, a los sicarios que finalmente acabaron con su vida.

El caso judicial por el asesinato de Rivera Fernández ha conocido en los ocho años que lleva, varios altibajos; el ex alcalde Valdez fue absuelto en dos instancias, en procesos que fueron luego declarados nulos por vicios e irregularidades.

Actualmente procesado por lavado de activos, Valdez ostenta un importante poder económico que se sustenta en una fortuna que superaría los 71 millones de dólares, según la procuraduría antidrogas.