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Alcalde peruano intenta impedir emisión de informe sobre la corrupción

El 21 de abril de 2013, el programa "Punto Final" de Frecuencia Latina TV denunció que el reportero Roberto Ramírez y sus camarógrafos, Jorge López y Orlando Cánepa, recibieron amenazas de muerte, tras haber propalado una semana antes un vídeo que compromete en actos de corrupción al alcalde provincial de Talara, Rogelio Trelles, quien además interpuso una acción de hábeas corpus para impedir, sin éxito, que se propale una segunda parte del reportaje. El espacio en mención se emite desde Lima, capital del país.

La denuncia la hizo pública el director y conductor de "Punto Final", Nicolás Lúcar, antes de emitir el reportaje “Corrupción en Talara” y anotando que el hábeas corpus al que calificó de “vergonzoso” Trelles lo presentó en un juzgado del Callao, Lima. Talara es una provincia de la Región Piura, al norte del Perú, conocida por tener los asientos, plantas extractoras y procesadoras de petróleo más importantes del país.

La primera parte del reportaje de Ramírez muestra un video, filmado con cámara escondida, en que el Trelles conversa con un contratista sobre la suma 210 mil soles (aproximadamente USD80.370) que se habría pagado –a modo de soborno- por la adjudicación de una obra, pero en el que además el alcalde reconoce otras dos fuertes sumas, S/. 70 mil (aproximadamente. USD26.790) y S/. 85 mil (aproximadamente USD32.530), que habría recibido como pagos irregulares.

Pese a la contundencia de las pruebas y a que se esperaba una acusación más frontal de parte del Ministerio Público, al alcalde Trelles se le ha abierto apenas una investigación preliminar que debe tomar 40 días. La investigación la tiene a cargo un fiscal cambiado unos días después de la emisión del explosivo reportaje, Pedro López, quien más bien ha pedido por escrito al periodista le alcance el material exhibido y verbalmente le ha insistido dos veces que revele el nombre de su fuente, desconociendo la reserva del secreto profesional.

Ramírez contó al IPYS que desde la primera vez a Talara recibía de parte de sujetos que caminaban cerca de él y sus camarógrafos, amenazas de que se cuidaran porque les iban a hacer daño saliendo del hotel donde se hospedaban. Incluso de una motocicleta un sujeto se les acercó con un ademán como queriendo sacar un revolver de su chaqueta pero que al final fueron papeles con nombres de supuestos periodistas que trabajarían al servicio del investigado alcalde.

Para el abogado asesor del IPYS, Roberto Pereira, la vía procesal que supone el habeas data que ha usado Trelles no es la correcta para discutir el derecho al honor; pero el solo hecho de pretender impedir la difusión de contenidos y que no se le investigue periodísticamente como autoridad, es manifiestamente ilícita, pues supone censura previa, una clara afrenta a la libre expresión.

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