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Impunidad y corrupción tras asesinato de periodistas

La masacre de 32 periodistas en Filipinas el año pasado es resultado de una cultura de la impunidad establecida y un sistema político fallido que confía en los caudillos, dice un nuevo informe de una misión investigadora encabezada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP). El informe retrata una historia de luchas por el poder y clientelismo político que amenaza el ambiente de medios.

El informe, "Massacre in the Philippines: International Solidarity Mission Rapid Assessment" (Masacre en Filipinas: evaluación rápida de la misión de solidaridad internacional), explica que se puede culpar al régimen actual de la sistemática violencia contra los medios y por no anular una cultura de la represalia hacia los periodistas que informan sobre corrupción y cuestiones políticas. Incluye una crónica detallada de los eventos el día de los asesinatos.

La misión encabezada por la FIP se llevó a cabo en diciembre de 2009 y en ella participaron otro dos miembros de IFEX, la Southeast Asian Press Alliance (Alianza de Prensa del Sureste Asiático, SEAPA) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), y otras siete organizaciones de medios. La misión aprovechó los hallazgos iniciales de cuatro grupos locales que efectuaron una operación de investigación inmediatamente después de la masacre.

Los delegados se reunieron con los familiares de las víctimas, medios de comunicación locales, funcionarios gubernamentales, un especialista forense, diplomáticos extranjeros y muchos otros. La presidenta Gloria Macapagal-Arroyo no se reunió con los miembros de la misión.

La masacre fue perpetrada en noviembre de 2009 cuando un convoy de familiares del candidato a alcalde Ismael Mangudadatu, acompañado por periodistas y abogados, se dirigía a registrar la candidatura en Maguindano, en la provincia de Mindanao. La violenta rivalidad entre clanes entre la familia Mangudadatu y la gobernante familia Ampatuan en la zona atrajo una intensa cobertura de los medios, dice el informe. La familia Ampatuan apoyaba a la presidenta Arroyo en ese momento.

El régimen de Arroyo ha apoyado a todos los clanes y promovido la creación de grupos paramilitares para ayudar a las fuerzas gubernamentales a combatir la insurgencia islámica en la provincia. Por ello, los clanes han acumulado arsenales privados y milicias, dice el informe. Los caudillos aprobados por el Gobierno, que son miembros de los clanes, comandan sus propios ejércitos y esencialmente gobiernan la región: muchos ocupan cargos públicos, como alcaldías o gubernaturas. El Gobierno está obligado a tratar con ellos, dice el informe.

Los periodistas filipinos estarán especialmente amenazados en el periodo previo a las elecciones en mayo de 2010 y durante la investigación y el proceso de los perpetradores de la masacre de Ampatuan, explica el informe. Andal Ampatuan Jr., quien encabezó la masacre, fue detenido y se enfrenta a numerosos cargos de asesinato. Muchos otros miembros de la familia Ampatuan también fueron arrestados. "Los sospechosos están tras las rejas pero tenemos que idear una estrategia para la manera en que normalmente cubriríamos el avance de la noticia", dijo un periodista a la misión. Ninguno de los 100 pistoleros implicados en el secuestro y asesinato de las 57 personas del convoy ha sido arrestado, dice el informe.

Además, se dijo a la misión que los asesinos vigilaron a los periodistas dos días antes de la masacre y había tumbas masivas preparadas. Antes de la salida del convoy, los periodistas que lo acompañaban solicitaron una escolta militar y el general de división Alfredo Cayton dijo que la ruta era segura, dice el informe. El general Cayton fue ascendido luego a vicecomandante del ejército.

El informe plantea numerosas recomendaciones. Las familias de las víctimas deberán recibir tratamiento de los traumas, así como asistencia jurídica y financiera para emprender acciones judiciales contra los perpetradores. La misión pide una investigación completa de la participación de la policía en la masacre y las acciones del general Cayton. Además, el Gobierno debe proteger a testigos, investigadores, fiscales, abogados y jueces durante la investigación, y a los periodistas que cubran la campaña electoral. Además pide que se brinde capacitación en seguridad y asistencia a periodistas y trabajadores de los medios.

En un incidente separado de violencia relacionada con las elecciones, el periodista radiofónico Ismael Pasigna fue muerto a tiros en Labason cuando se dirigía a trabajar el 24 de diciembre, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR). Pasigna había informado sobre una polémica respecto a la presentación de un certificado de candidatura por un partido político en Zamboanga del Norte, dice el CMFR.

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