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Balearon a reportero que hablabacontra minería ilegal

Un locutor de radio que habló en contra de los abusos ambientales fue muerto a tiros esta semana en Palawan, una provincia en una isla oriental en Filipinas. Fue el segundo periodista asesinado bajo el nuevo régimen, informan el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR) y otros miembros de IFEX.

Gerardo Ortega, un locutor de Radio Mindanao Network (RMN) dwAR y un ex candidato a gobernador, fue muerto de un tiro en la cabeza en Puerto Princesa mientras hacía sus compras el 24 de enero después de transmitir su programa diario "Ramatak".

Joselito Alisuag, el abogado de la familia de Ortega, dijo que el locutor era un "abierto crítico" de las actividades de minería ilegal en Palawan. Ortega además informaba sobre supuesta corrupción en el Gobierno provincial. Además, dice la Federación Internacional de Periodistas (FIP), encabezaba un proyecto de ecoturismo en la provincia con el apoyo de la división de beneficencia de la difusora ABS-CBN.

Alisuag informó a CMFR que el asesinato sólo podría estar relacionado con la labor periodística de Ortega. "No tenía enemigos personales, ni tenía ningún vicio", explicó Alisuag. Ortega y uno de sus hijos, que es también locutor, había estado recibiendo amenazas antes del incidente, afirmó Alisuag.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ), la policía aprehendió inmediatamente al supuesto pistolero, Marlon de Camata, quien dijo que él y un cómplice habían sido contratado para matar a Ortega para impedirle hablar en contra de personas poderosas.

Supuestamente "personas influyentes con vínculos con compañías mineras" les pagaron 150,000 pesos filipinos (US$3,400), una fortuna considerando que un tercio de la población vive con menos de US$1 al día, dijo un jefe de policía local a la AFP.

El CMFR afirma que 118 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados en el cumplimiento de su deber en Filipinas desde la caída del dictador Ferdinando Marcos en 1986.

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