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Cuatro razones por las que se debe derogar la ley de delitos informáticos de Filipinas

La nueva ley de delitos informáticos arruinaría la reputación de las Filipinas de tener uno de los mejores registros de libertad de Internet en todo el mundo, dice el Centro para la Libertad y Responsabilidad de Medios con sede en Manila.

Los activistas llamaron la nueva Ley de Delitos Informáticos, la
Los activistas llamaron la nueva Ley de Delitos Informáticos, la "cyber ley marcial"

Interaksyon.com

A principios de este mes, el Tribunal Supremo de Filipinas suspendió la aplicación de una nueva ley orientada a los delitos informáticos – en gran medida debido a las protestas de los ciudadanos de la red, los defensores de la libertad de expresión y grupos de periodistas, entre ellos el Centro para la Libertad y Responsabilidad de Medios (CMFR).

La Ley de Prevención de Delito Informático de 2012 entró en vigor el 3 de octubre. Seis días más tarde, después de que los filipinos marcaran tendencia en Twitter con la etiqueta “No a la ley de Delito Informático” (# NoToCyberCrimeLaw), pusieran imágenes negras como foto de perfil en Facebook y Twitter en señal de protesta, y presentaran 15 peticiones por separado ante la Corte Suprema cuestionando la constitucionalidad de la ley, el Tribunal Supremo suspendió su aplicación - por 120 días.

Los defensores de la ley argumentan que esta propuesta sobre el cibercrimen reforzaría Internet y la liberaría de los ladrones de identidad, hackers, piratas y delincuentes sexuales. También sostienen que beneficiará a la economía a medida que cada vez más empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se animarán a invertir en las Filipinas.

Mientras tanto nosotros, así como otros críticos, coincidimos en que así como existe una necesidad de castigar a aquellos que utilizan Internet para perjudicar a los niños y las mujeres, o robar identidades y datos para su uso ilegal, también creemos que el gobierno no tiene derecho a imponer limitaciones a la libertad de expresión a cambio de mayor seguridad en la web.

También existen leyes en el Congreso que se podrían modificar para hacer frente a estas violaciones – lo cual tal vez sea una mejor opción que crear una ley confusa y mal escrita acerca del cibercrimen que además pueda ser objeto de abuso.

A continuación se mencionan cuatro razones por las que creemos que la ley de delitos informáticos debe derogarse.

1. La ley extiende la difamación criminal a la web.
Históricamente, los políticos y otras personas poderosas en las Filipinas han abusado de la ley sobre difamación penal vigente para silenciar las críticas. El esposo de la ex presidenta Gloria Macapagal Arroyo presentó 11 demandas por difamación contra 46 periodistas por aproximadamente 140 millones de pesos filipinos (EE.UU. $ 1,1 millones) en daños y perjuicios. (Miguel Arroyo retiró todos los juicios por difamación en mayo 2007 luego de una cirugía de corazón.)

En varios casos, los tribunales inferiores y los fiscales rechazaron las acusaciones difamatorias de artículos en línea, citando que el código penal no cubre las comunicaciones en la web. La nueva ley cambia esto, extendiendo la difamación a sitios web, blogs y plataformas de medios sociales. Algunos críticos dicen que la ley también se aplicaría a la información compartida a través de textos o herramientas de mensajería instantánea en teléfonos móviles. Esto significa que una persona que envía un texto que contiene comentarios "maliciosos", podría ser acusada de difamación criminal.

Incluso aquellos que re-envían, re-publican, ponen un “me gusta” o comparten información podrían enfrentar pena de prisión de al menos dos años, o una multa de al menos 100.000 pesos (EE.UU. $ 2,400), o ambos. Lo llaman "complicidad" difamatoria.

2. La ley impone penas más severas por difamaciones realizadas en línea.
Bajo la nueva ley, una persona condenada por delito informático podría pasar un máximo de 12 años en prisión. Esto es seis años más que el máximo de prisión por difamación cometida en las plataformas tradicionales de los medios de comunicación (prensa y radio).

Además, una persona que ya se enfrenta a cargos de difamación por un artículo impreso en un periódico podría ser acusada de nuevo bajo la nueva ley, si el artículo difamatorio aparece también en línea. La mayor parte de las organizaciones de noticias locales vuelven a publicar lo que fue impreso en los periódicos en sus sitios web o blogs, por lo que quedarían doblemente expuestas.

Esto se suma a la posibilidad de enfrentar cargos civiles por difamación. En Filipinas, una persona puede ser demandada por difamación por separado y de forma independiente de acuerdo tanto al código penal como al código civil.

3. La ley otorga a las agencias del gobierno el poder de restringir y controlar el uso de Internet.
La ley de delitos informáticos le da facultad al gobierno - en particular el Departamento de Justicia - de bloquear el acceso a los datos informáticos que pueden contener información que viole la ley. Puede arbitrariamente y a primera vista cerrar un sitio web, sin el debido proceso.

La ley también permite que se recojan y controlen los datos de tráfico en tiempo real y sin orden judicial, incluyendo el "origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño, duración de la comunicación o tipo de servicio subyacente". Si bien las autoridades tienen prohibido recopilar datos sobre contenidos e identidades de los usuarios, este tipo de datos de tráfico todavía puede ser usado para identificar a una persona y acceder al contenido en su computadora.

También cabe la posibilidad de que el gobierno use esta disposición en contra de grupos seleccionados. Comentando sobre este tema recientemente en un blog , el subdirector del CMFR Luis Teodoro dijo, "Debido a que los sistemas de vigilancia de la Policía Nacional de Filipinas y la Oficina Nacional de Investigación no tendrán la capacidad de monitorear los contenidos subidos por millones de blogueros, en los medios sociales y sitios web, tal como lo autoriza la ley, lo más probable es que serán selectivos en dicho control y vigilarán solo los aquellos sitios y personas que sean críticos del gobierno."

4. La ley hace descaradamente caso omiso de la protección nacional e internacional de la libertad de expresión.
La Constitución de Filipinas protege explícitamente el derecho a la libertad de expresión. Declara que "no se debe aprobar ninguna ley que coarte la libertad de palabra, de expresión, o de prensa o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios."

Unos días antes de que entrara en vigor la ley de delitos informáticos, la organización no gubernamental Freedom House con sede en Washington clasificó a las Filipinas como uno de los países con mayor libertad de Internet, citando la Constitución y el acceso de los filipinos sin restricciones a la red.

La única restricción penal a la libertad de expresión – antes de la ley – era la de difamación como se define en el código penal. Pero en octubre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró que las disposiciones sobre difamación eran "excesivas" y "incompatibles" con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Consejo, actuando sobre la petición presentada por el locutor encarcelado Alexander Adonis, dijo que Filipinas tenía "la obligación de adoptar medidas para prevenir que violaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro, incluyendo mediante la revisión de la legislación pertinente sobre difamación".

La ley tiene consecuencias alarmantes para la libertad de expresión en y fuera de Internet: autocensura, bloqueo de sitios web, vigilancia y acoso legal, por nombrar solo algunas. Implementarla contribuiría al deterioro de la democracia, así como al libre intercambio de ideas dentro y fuera de las Filipinas.

Lo que pueden hacer
La orden de restricción temporal expira en febrero de 2013. Esto nos deja menos de cuatro meses para convencer al Congreso de Filipinas y a la Corte Suprema de revocar o al menos modificar la ley de delito informático. Algunos senadores y representantes de listas de partidos han presentado proyectos de ley para la derogación de la misma. Sin embargo, dado que muchos de ellos se están preparando para las elecciones generales de mayo del 2013, tememos que no se preste la debida atención a dichos proyectos.

Ayúdanos a convencer a los miembros del Congreso - en particular la Cámara de Representantes , encabezado por Rep. Sigfrido Tinga y el Comité de Ciencia y Tecnología del Senado, encabezado por Sen. Edgardo Angara – para otorgar tiempo suficiente para la revisión de la ley. Contáctenos para más información: [email protected]

Melanie Pinlac es la Oficial de alertas para el Centro para la Libertad y Responsabilidad de Medios (CMFR). CMFR es uno de los peticionarios en G.R. no. 203453 (Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, Instituto de Prensa de Filipinas, CMFR et al. v Secretario Ejecutivo et al.). La petición - firmada por 20 organizaciones y 253individuos - fue presentada el 3 de octubre, el día en que la ley de delito informático entró en vigor.

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#FreeExpression advocates have been working hard to defend #NetNeutrality. The @FCC vote tomorrow could jeopardize… https://t.co/SFgijTCgUD