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Consejo Audiovisual de Cataluña recomienda revocación de la licencia de cadena de radioemisoras; WPFC pide el desmantelamiento del Consejo

(WPFC/IFEX) - Lo que sigue es una carta del WPFC, con fecha del 23 de diciembre de 2005, a las autoridades catalanas:

23 de diciembre, 2005

Su Excelencia Pasqual Magarall i Mira
Presidente
Generalidad de Cataluña
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
08002 Barcelona, España

Su Excelencia Ernest Benach
Presidente
Parlamento de Cataluña
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona, España

Excelencias:

En nombre del Comité Mundial de Libertad de Prensa, una organización que engloba a 45 grupos pro libertad de prensa de todo el mundo, deseo expresar mi consternación por la emisión de un "estudio" del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en el que, bajo la solapa de una supuesta autoridad moral, utiliza un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica.

El CAC - un órgano censor establecido en septiembre por el Parlamento Regional de Cataluña para detectar "informaciones inveraces"-, ya recomendó un día después de su establecimiento que se revocara la licencia de emisión de la cadena COPE por "exceder los límites de la libertad de expresión". El día 20 del corriente, el estudio de la CAC acusó a la cadena de incumplir "el requisito constitucional de la veracidad".

Más adelante, este ente de características únicas en Europa Occidental y la Unión Europea - la cual goza quizá de la mayor latitud de libertad de prensa del mundo - dictaminó que la COPE incumple con sus deberes periodísticos y editoriales, calificando sus aseveraciones de "gravísimas acusaciones" e "insulto" y "vejación pública".

Prescindiendo de la supuesta veracidad o intención vejatoria de las informaciones de esta cadena radiofónica, encontramos injustificable que un órgano estatal, infundido con poderes censores característicos de dolorosos pasados autocráticos, sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación. La COPE y cualquier otro medio tienen pleno derecho a expresar sus opiniones en una atmósfera de libertad conferida por la Constitución Española.

La mera existencia de este Consejo Audiovisual de Cataluña se estrella de plano contra las normas democráticas y de libertad de expresión aceptadas por la Unión Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. De hecho, no se recuerda en España algo parecido desde los órganos censores franquistas que controlaron con extraordinario celo los medios de comunicación del país durante casi 40 años.

El CAC no es una entidad judicial, sino un ente político controlado por la mayoría nacionalista del Parlamento Catalán. Como tal, no es ni independiente de consideraciones políticas ni está equipado con los mecanismos procesales requeridos para ofrecer un juicio justo a un acusado. Se da la circunstancia que las expresiones de la COPE se oponen a las metas políticas de dicha mayoría parlamentaria. El antagonismo político de ambas entidades, en una democracia plena, no tiene mayor relevancia. Lo que encontramos extremadamente grave es el hecho de que un gobierno - ya sea nacional, regional o local -, abuse del poder conferido en las urnas para silenciar las voces que le parecen incómodas o disonantes.

Es inaceptable que un órgano censor reciba el impulso y beneplácito de un parlamento democrático para echar mano de la tijera, cortar por lo sano y silenciar a un medio de comunicación.

Por tanto, insto a las autoridades judiciales catalanas a desoír las exigencias de que se retire la licencia a la COPE, y al Parlamento Catalán y a la Generalidad a tomar las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa.

Respetuosamente,

E. Markham Bench
Director Ejecutivo
Comité Mundial de Libertad de Expresión
(http://www.wpfc.org)

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