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"Ley mordaza" española reprime a fotoperiodistas y manifestantes

REUTERS/Juan Medina

Este artículo fue publicado originalmente en freedomhouse.org el 29 de junio de 2015.

Por Ana Pastor, Investigadora, Freedom in the World y Freedom of the Press

Tras las elecciones locales Españolas del pasado Mayo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, culpó de la derrota sufrida por su partido, el Partido Popular (PP), al “martilleo constante” de los casos de corrupción que han sacudido al gobierno en los últimos años. Esta inclinación a pensar en las críticas públicas como obstáculos en vez de afrontar los problemas que las subyacen, se ha visto en reflejada en las iniciativas legislativas del gobierno de Rajoy.

El 1 de Julio, la nueva de Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como Ley Mordaza, entra en vigor junto con una reforma del Código Penal. La ley impone sanciones a ofensas relacionadas con protestas y manifestaciones, con penas administrativas catalogadas como leves, graves, o muy graves. Las multas leves, de entre 100 y 600 euros, se aplicarán a manifestaciones en lugares de tránsito público si no han sido comunicadas de antemano. Si esta manifestación se realiza cerca del Congreso u otros edificios del gobierno, la multa será de 30,000 euros, mientras que las penas por manifestaciones cerca de estructuras críticas como estaciones de transporte o centrales nucleares pueden ascender hasta los increíbles 600,000 euros. Negarse a identificarse ante la autoridad, negarse a disolver manifestaciones cuando sea requerido, y el uso no autorizado de imágenes de los cuerpos de seguridad también está sujeto a penas de hasta 30,000 euros. Este último punto pone en riesgo el trabajo de fotoperiodistas y otros profesionales de la comunicación que buscan informar sobre abusos policiales.

La ley limita la libertad de expresión y la libertad de asamblea bajo el pretexto de mantener la seguridad. “Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos,” explicó el parlamentario del PP, Conrado Escobar.

Cuando se propuso en 2013, fue directamente catalogada como Ley Anti-15M en referencia al movimiento de protesta social que surgió el 15 de Mayo de 2011. Esas protestas se hubieran visto obstaculizadas si esta ley hubiera estado presente. El movimiento empezó de forma espontánea cuando un grupo de personas decidió quedarse a pasar la noche en la Puerta del Sol, la plaza central de Madrid, para protestar por las políticas de austeridad.

La Ley Mordaza supone el culmen a una serie de intentos por parte del gobierno para acallar a los “indignados,” nombre con el que se conoce a los protestantes de Puerta del Sol. En 2012, cuando las organizaciones Plataforma En Pie y Coordinadora 25s convocaron una concentración para “rodear” el Congreso, el ejecutivo llevó a siete de sus convocantes a la Audiencia Nacional. El Juez Santiago Pedraz, sin embargo, avaló a los manifestantes y regañó al gobierno por intentar restringir un derecho fundamental. Posteriormente otros dos jueces hicieron lo propio en similares casos.

En abril de 2013, ante las continuas protestas dirigidas a políticos por ciudadanos afectados por los desahucios causa de la crisis, el gobierno de Rajoy ordenó a la policía prohibir estas manifestaciones a menos de 300 metros—o tres campos de fútbol—de las casas y oficinas de cargos públicos. Un alto dirigente del PP calificó las protestas anti-desahucios como “nazismo puro” y “un espíritu totalitario y sectario.”

La última medida contra la libertad de expresión e información del gobierno tuvo lugar a principios de este mes, cuando el Congreso aprobó una enmienda propuesta por el PP en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La enmienda restringe el uso en los medios de imágenes de detenidos cuando son arrestados. La idea es evitar el sensacionalismo y la cobertura parcial que pueda dañar la privacidad y la presunción de inocencia del acusado. Aun así, los medios han achacado la nueva enmienda a la detención de Rodrigo Rato, ex ministro de economía del PP, por evasión de impuestos y lavado de dinero. La Asociación Nacional de informadores Gráficos (ANIGP-TV) y la Asociación de Prensa de Madrid (APM) han rechazado la medida pues recorta su capacidad de informar.

Con la entrada en vigor de las nuevas leyes, el gobierno del PP no solo ha hecho oídos sordos a las quejas presentadas por la oposición, ONGs y movimientos sociales, sino también a organizaciones internacionales como la ONU. De hecho, un grupo de relatores de esta organización emitió un comunicado en febrero expresando su preocupación por los cambios legales que “pueden ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España.”

La Comisión Europea debería condenar la nueva ley y las recientes actuaciones del gobierno, pero no es suficiente con criticar las reformas en una rueda de prensa o comunicado. La Unión Europea necesita crear mecanismos para hacer cumplir los estándares de derechos humanos internacionales y Europeos cuando éstos son minados por los estados miembros. Si la base del club democrático del que España es parte son los derechos humanos, la integridad de semejante iniciativa depende de lo rápido que se confronte a quienes rompen las reglas.

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