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Las querellas a periodistas en España atentan contra la libertad de información

Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos piden la dimisión de Cristina Cifuentes y el rector Javier Ramos, durante una protesta en Madrid, Espana, el 12 de abril de 2018
Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos piden la dimisión de Cristina Cifuentes y el rector Javier Ramos, durante una protesta en Madrid, Espana, el 12 de abril de 2018

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en ipi.media el 25 de mayo de 2018.

Raquel Ejerique, periodista de eldiario.es, se quedó paralizada unos instantes el pasado 26 de marzo.

El programa de televisión en el que participaba como tertuliana conectó en directo con la sede del Partido Popular donde la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, había anunciado su comparecencia, por primera vez, para dar explicaciones sobre la exclusiva que la propia Ejerique había publicado cinco días antes.

El 21 de marzo, la periodista sacó a la luz una serie de informaciones en las que se explicaba cómo Cifuentes habría obtenido de manera fraudulenta un Máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lo que Ejerique no esperaba era que, en la misma comparecencia, la expresidenta también anunciase que presentaría una querella contra la periodista y el director del medio, Ignacio Escolar, por verter 'de manera reiterada injurias y calumnias' y 'perjudicar su reputación'.

"Nosotros sabíamos que iba a adoptar una medida contundente, pero esperábamos una demanda civil", explica Ejerique en una entrevista con el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) el pasado 11 de abril.

Dichas acusaciones son delitos graves bajo la jurisprudencia española. Tal y como muestra la base de datos del IPI, los delitos de injurias pueden conllevar fuertes multas económicas y la calumnia está penada con hasta dos años de cárcel.

"En ese momento sí que sentí un escalofrío", asegura Ejerique. "Genera cierta inquietud que la presidenta de una comunidad autónoma como la de Madrid te haya señalado como su enemiga".

Acorralada por éste y otro escándalo, Cifuentes se vio obligada a dimitir el pasado 25 de abril.

Sin embargo, la querella ya había iniciado su curso y, este pasado lunes, Raquel Ejerique e Ignacio Escolar debían presentarse en el juzgado de primera instancia número 39 de Madrid al acto de conciliación obligatorio previo a la querella, en el que los abogados de la expresidenta buscaba que los periodistas se retractaran de la información.

Lejos de hacerlo, tanto Ejerique como Escolar se ratificaron sobre lo que habían publicado "porque es una información relevante que está contrastada", explicó Escolar a la salida de los juzgados, tal y como recogió su propio medio.Este suceso podría ser una anécdota en otros países de Europa, pero en España éste es sólo uno de los múltiples procesos judiciales abiertos contra periodistas que han desvelado casos de corrupción.


Objetivo: frenar la información y desacreditar al periodista

Para Pilar Velasco, periodista de investigación en la Cadena SER, "la interposición de querellas y demandas civiles contra periodistas no buscan otra cosa que frenar la información".

A pesar de que la gran mayoría de causas terminan archivadas o sobreseídas, Velasco asegura que "el desgaste personal es importante porque es un proceso largo en el tiempo que ocupa una parte muy importante de tu vida, puesto que estás imputado en una causa judicial por la vía penal en la que te tienes que defender."

La periodista conoce bien de lo que habla. El 29 de abril de 2009, Velasco publicaba en exclusiva para la Cadena SER un vídeo que mostraba al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, portando bolsas de plástico blancas en un viaje oficial a Colombia, así como reuniones en las que se hablaba de abogados panameños y bancos suizos para mover cheques y fondos.

El político presentó una querella contra Velasco por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En un primer momento, el juez aceptó a trámite la querella e imputó a la periodista. Tras apelar dicha decisión, el caso fue finalmente archivado en mayo de 2013.

"Existe una desproporción evidente", explica Pilar Velasco. "No es la Presidencia de Madrid contra la presidencia de un medio de comunicación, sino que es contra una periodista a título individual. Y aunque tengas el apoyo del medio, que en mi caso lo tuve, la presión es personal".

De hecho, el auto de sobreseimiento de la querella contra la periodista alerta cómo la imputación de periodistas en los casos en los que no haya una fundamentación jurídica sólida, supone poner en peligro la libertad de información, un pilar básico de la democracia: 'Por último, no puedo dejar de referirme al riesgo que para la libertad de prensa produce el mismo hecho de la imputación, si ésta carece del debido fundamento'.

Por su lado, el querellante, Ignacio González, que llegó a ostentar la presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, estuvo en prisión provisional durante 6 meses en 2017 (de abril a noviembre) por un presunto desvío de fondos públicos en beneficio propio. La causa judicial contra González sigue abierta todavía y se está a la espera de sentencia.

Además, asegura Velasco, estos casos muestran cómo los políticos utilizan recursos públicos para montar su defensa. "Para ellos es una situación de win-win. Es decir, no pagan los abogados, ya que utilizan los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y, además, utilizan la querella para dar a entender a la opinión pública que la información publicada es falsa".


"Contra mí quien se ha querellado ha sido la cúpula policial"

Desde 2015, Patricia López, periodista de investigación y sucesos del diario Público, ha ido revelando una serie de casos de corrupción, escuchas y manipulación de informes contra políticos catalanes en los que la cúpula de la policía en España estaría implicada.

Algunos de los comisarios, cuyos nombres estaban reflejados en las publicaciones, interpusieron varias querellas y demandas civiles contra el medio de comunicación y la propia periodista. Sin embargo, el pasado 8 de enero, y casi tres años después de los primeros artículos sobre la trama policial, el juzgado de primera instancia de Madrid decidió archivar la demanda presentada por la cúpula policial al haber quedado acreditado que el contenido de los artículos era veraz:

'Del análisis de todo lo expuesto ha de concluirse que tales publicaciones objeto de la demanda resultan amparadas por el derecho a la libertad de información, toda vez que las mismas además de referirse a una persona pública y a noticias con relevancia e interés general, se han demostrado veraces y ciertas, constituyendo en gran parte una información neutral, y habiendo sido corroboradas y contrastadas, sin que en modo alguno supongan un atentado al honor del demandante'.

A pesar del éxito en el ámbito judicial, todas estas querellas se han cobrado un peaje en la periodista. "He estado de baja diagnosticada con un Síndrome de Estrés Postraumático", explica López. "Ya sabes que vas a ganar, porque sus denuncias no tienen fundamento, pero vivir con la posibilidad de ir a la cárcel es duro".

Las investigaciones de Público pusieron en entredicho el papel del exministro de interior de España, Jorge Fernández Diaz. Además, los tribunales españoles iniciaron accione judiciales en relación a la trama de la que López informó y, en algunos casos, ya han dictaminado la prisión preventiva para algunos de los comisarios implicados.


El IPI alertó a España en 2015 del riesgo que supone la criminalización de la difamación

A finales de 2014, el IPI lideró una misión internacional a España para analizar el posible impacto que podía tener la criminalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias en la libertad de prensa.

El informe que siguió a dicha misión, El estado de la libertad de prensa en España, subrayó de nuevo estos riesgos: "La regulación actual de la difamación (injuria y calumnia) en España está muy por debajo de los estándares internacionales sobre libertad de expresión y protección de la reputación".

El IPI utilizó dicho informe posteriormente para alertar a los principales partidos políticos en el Congreso con los que se reunió en una nueva misión internacional a mediados de 2015. Sin embargo, las autoridades no han tomado cartas en el asunto a diferencia de otros países europeos como Noruega o Rumanía donde ya se ha despenalizado los delitos de injurias y calumnias, de modo que estos casos se dirimen únicamente por la vía civil.

A pesar de que la gran mayoría de procesos judiciales, y en especial las querellas, se resuelven a favor del periodista, la presión continuada y sostenida en el tiempo a la que se enfrenta tiene un desgaste personal importante.

"Si es una demanda civil, la multa la paga la empresa, pero [si es una querella] a la cárcel voy yo", explica Patricia López, "y yo no sé hacer otra cosa que ser periodista".

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