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A pesar de las concesiones, continúan las medidas represivas

Una foto fija de un video muestra multitudes de dolientes que llevan un féretro el 25 de marzo durante los funerales de los manifestantes muertos en enfrentamientos en Daraa, Siria
Una foto fija de un video muestra multitudes de dolientes que llevan un féretro el 25 de marzo durante los funerales de los manifestantes muertos en enfrentamientos en Daraa, Siria

Reuters

El presidente sirio Bashar al-Assad liberó a 260 prisioneros políticos y prometió que las fuerzas de seguridad dejarían de disparar contra los manifestantes, pero el destino de los periodistas y manifestantes sirios no es menos segura. El conteo de muertos de manifestantes en la ciudad sureña de Daraa es 61, algunos periodistas han sido detenidos, y el apagón informativo se está imponiendo con violencia, informan Human Rights Watch y otros miembros de IFEX. Además, los periodistas y disidentes detenidos antes del levantamiento no han sido liberados y siguen existiendo leyes que penalizan el discurso.

En un discurso pronunciado hoy, 30 de marzo, al-Assad no satisfizo las expectativas de que levantaría el estado de excepción, instaurado desde 1963. "Es extremadamente decepcionante que el presidente al-Assad no haya hecho más que repetir las mismas vagas promesas de reforma que ha estado haciendo durante más de una década", lamentó Human Rights Watch. "Lo que se necesita inmediatamente para que las autoridades restauren cualquier vestigio de credibilidad son acciones concretas para desmontar los tribunales especiales de Siria y abolir las disposiciones que penalizan la libertad de palabra, asamblea y asociación".

Durante la crisis actual "los ataques físicos, arrestos, prohibiciones a visitar ciertas regiones, deportaciones y desapariciones parecen estar entre la medidas obsoletas y arcaicas que están usando las autoridades para intimidar a los periodistas que están tratando de trabajar de manera independiente y profesional", declaró Reporteros sin Fronteras (RSF).

Las autoridades sirias han estrechado la seguridad en los últimos días para aplicar un apagón informativo respecto a las manifestaciones antigubernamentales y sobre la violenta respuesta del Gobierno.

Los periodistas tienen prohibido entrar a la ciudad sureña de Daraa, el escenario de los disturbios políticos y donde según Human Rights Watch, se informa que al menos 61 personas han muerto desde el 18 de marzo, muchos cuando las fuerzas de seguridad usaron municiones de verdad para dispersar a los manifestantes. El presidente al-Assad prometió una investigación de los tiroteos, que ordenó que se suspendieran durante las manifestaciones.

El 25 de marzo, los periodistas fueron obligados a volver a la capital en caravanas escoltadas por fuerzas de seguridad por "su propia seguridad" y se les informó que tendrían que obtener un permiso del ministerio de Información para seguir reportando. Las autoridades sirias revocaron las credenciales de prensa del corresponsal sénior de Reuters Khaled Oweis por cobertura "falsa" y le ordenaron salir del país, informa RSF.

Las autoridades sirias expulsaron al productor de Reuters Ayat Basma y al camarógrafo Ezzat Baltaji, ambos ciudadanos libaneses, el 28 de marzo, después de detenerlos durante dos días, informan el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y RSF. Un funcionario sirio dijo que los dos periodistas fueron arrestados cerca de la frontera con Líbano porque no estaban autorizados a trabaje en el país y estaban filmando "en una zona en la que no se permite filmar".

Aunque el Gobierno ha liberado a 260 detenidos, el bloguero kurdos Kamal Hussein Sheikhou, el bloguero Ahmed Hadifa y el periodista y escritor Mohamed Dibo (todos arrestados en los recientes disturbios) siguen detenidos, informan RSF y el International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa, IPI). IPI además informa que el periodista y bloguero Khaled Elekhetayar fue visto por última vez el 21 de marzo, y su página en Facebook ha sido atacada.

Otros dos periodistas, Doha Hassan, quien trabaja para Orient TV y varios sitios web, y Zaher Omareen, fueron arrestados el 27 de marzo y se informa que están detenidos por fuerzas de seguridad del Estado, según RSF.

Ali Al-Abdallah, un periodista y escritor que está cumpliendo una sentencia de cárcel de 18 meses por cargos de "tratar de dañar las relaciones de Siria con otro estado" sigue además en prisión, dice RSF. Antes de la última ofensiva, Human Rights Watch documentó los arrestos de 92 prominentes activistas de derechos humanos y políticos desde que al-Assad ascendió al poder.

Según el CPJ y el IPI, las autoridades sirias también han recurrido a la censura. Orient TV, un canal de satélite privado con sede en Dubai que cubría ampliamente las manifestacione en Daraa, ha estado interferido desde el 25 de marzo. Los informes noticiosos además afirman que los funcionarios sirios han hecho llamadas telefónicas acosadoras y amenazadoras a los empleados de Orient TV, en las que sugieren que los periodistas podrían ser tratados como espías y sus familias podrían ser perseguidas.

Buthaina Shaaban, un asesor presidencial de alto rango, asumió una postura de línea dura respecto a la cobertura de medios noticiosos durante una conferencia de prensa el 24 de marzo, informa el CPJ. "Hubo mucha exageración y muchas cosas no especificadas que dijeron los medios noticiosos. Y podríamos ver que no querían tomar las noticias como eran exactamente", dijo Shaaban, en referencia a las manifestaciones en Daraa. Agregó "la televisión estatal siria dice la verdad; nadie más".

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