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Comité Mundial de Libertad de Prensa felicita al Congreso de Uruguay por aprobación de histórica ley de eliminación de desacato y despenalización de difamación

(WPFC/IFEX) - En una carta al Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Roque Arregui, el WPFC expresó su gran satisfacción por la histórica aprobación del Proyecto de Ley que elimina el delito de desacato y despenaliza el de difamación.

11 de Junio, 2009

Dr. Roque Arregui
Presidente
Cámara de Representantes
Asamblea General de Uruguay
Palacio Legislativo
Montevideo, Uruguay

Con copia a los distinguidos miembros del la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: Javier Salsamendi, Beatriz Argimón, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari, Diego Cánepa, Luis Alberto Lacalle, Alvaro Lorenzo, Edgardo Ortuño y Jorge Orrico.

Distinguido Dr. Arregui:

El Comité Mundial de Libertad de Prensa ( http://www.wpfc.org ) - una organización que representa a 44 grupos de libertad de prensa de todo el mundo - expresa su gran satisfacción por la histórica aprobación del Proyecto de Ley que elimina el delito de desacato y despenaliza el de difamación en sus varias formas, un paso decisivo para la libertad de prensa no sólo en Uruguay sino también en todo el Hemisferio Occidental.

El Proyecto de Ley - presentado en julio de 2008 por el Presidente Tabaré Vázquez e iniciado por la sociedad civil, incluidos varios medios de comunicación, como la revista Búsqueda - fue elaborado en concordancia con el acuerdo de 2007 alcanzado por el Estado uruguayo y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos.

El proyecto elimina los delitos de desacato, ya sean por escrito o hablados, y afirma expresamente que nadie será castigado por manifestar su discrepancia con la autoridad. Asimismo, se eliminan los delitos de insultos contra los símbolos patrios y los atentados contra el honor de un jefe de estado extranjero.

Correctamente, el proyecto asimismo despenaliza los delitos de difamación e injurias cuando las manifestaciones se refieran a "asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público".

La iniciativa también respeta el concepto de la real malicia como baremo fundamental para evaluar estos conflictos, lo cual protege incluso las afirmaciones inexactas, al "ubicar sus alcances en la voluntad de agraviar o de vulnerar la vida privada de una persona".

El proyecto es resultado del acuerdo amistoso finalizado en septiembre de 2007 entre el Estado Uruguayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la condena de difamación penal contra el periodista Carlos Dogliani, iniciado en su país en marzo de 2004 por el alcalde de la ciudad de Paysandú.

El caso llegó a la Corte Suprema, la cual dictaminó que el derecho al honor de una persona limita el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, los magistrados dictaron que la base fáctica de la información no era una defensa relevante y que incluso una información precisa puede constituir una difamación.

El sistema interamericano correctamente acordó que el Sr. Dogliani fue víctima de una gran injusticia y tras un largo proceso, el Estado uruguayo accedió a reformar profundamente sus leyes de acuerdo con las directrices de la Comisión.

Tras cinco años del inicio de este proceso que tan felizmente culmina, Uruguay ha dado una lección internacional para modernizar las leyes que afectan el libre ejercicio del periodismo en su país.

Las leyes de desacato constituyen en muchos países del mundo una efectiva arma de intimidación y represión contra el libre flujo de ideas y expresiones. Estas normas son legados de pasados coloniales o autocráticos que encuentran su origen en el Imperio Romano, el cual las creó para proteger al emperador de las críticas del resto de la población.

Las leyes de difamación penal funcionan como una espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de los periodistas de casi todos los países del mundo, obligándolos a arriesgar su libertad y su patrimonio por el mero hecho de cumplir con su obligación de informar al público, tal y como ocurrió con el Sr. Dogliani.

Ambos conjuntos de leyes actúan como un claro desafío a las recomendaciones y jurisprudencia del sistema interamericano de justicia, el cual ha dispuesto que las leyes de desacato deben eliminarse por completo de las legislaciones de estados miembros y que las de difamación deben integrarse en el ámbito civil, y nunca en el penal.

Con gran satisfacción expresamos nuestra congratulación no sólo a usted, sino también al Congreso en pleno y al Presidente Vázquez, quien ratificará la ley en breve, por la feliz conclusión de este proceso de reforma que sin duda será modelo para otros países del Hemisferio.

Respetuosamente,

E. Markham Bench
Director Ejecutivo
Comité Mundial de Libertad de Prensa
World Press Freedom Committee


ACCIÓN RECOMENDADA:

Remitir apelaciones semejantes a:

Dr. Roque Arregui
Presidente
Cámara de Representantes
Asamblea General de Uruguay
Palacio Legislativo
Montevideo, Uruguay
Correo-e: [email protected]

Favor de mandar copias de sus apelaciones al originador donde sea posible.

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