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Justicia en Uruguay exige a periodistas revelar sus fuentes informativas

El Juzgado Letrado de Mercedes citó a declarar a los cinco periodistas que integran la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado informaron sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar.

Otro tanto ocurrirá con tres periodistas del blog Proyecto Fósforo que fueron citados a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que investiga un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores de residuos de la Intendencia de Montevideo.

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), manifiestan su gran preocupación por estas decisiones de la Justicia y recuerdan que el Poder Judicial debe garantizar el derecho de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al público, en lugar de convocarlos para preguntarles y obligarlos a revelar sus fuentes, tal como lo señalan los estándares de derechos humanos, la Constitución y la Ley Nº 16.099.

Los integrantes de Agesor debían concurrir a la justicia el 26 de febrero a la hora 11 “en una instancia que los tiene como indagados en una investigación judicial que pretende dar con quién filtró información a la prensa sobre una investigación policial”, señala el comunicado de la agencia noticiosa de Soriano.

Este equipo periodístico había informado en noviembre del año pasado el presunto abuso sexual de un militar, ocurrido durante un campamento del Ejército donde se preparaban para maniobras militares, un hecho que se venía investigando en la Justicia con carácter reservado.

Un integrante de Agesor informó que unos días después de que el medio publicara la denuncia, recibieron una citación de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Soriano que pretendía establecer quién había filtrado la información a la prensa.

La citación del Juzgado Letrado del 26 de febrero va en el mismo sentido. El integrante de Agesor señaló que ni en aquella primera instancia ni en esta nueva, frente a la Justicia, revelarán datos de sus informantes, amparándose en el derecho de reserva de las fuentes que está presente en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Simultáneamente, se conoció que los editores del blog Proyecto Fósforo, que en abril del año pasado publicaron una denuncia sobre el vandalismo intencional que estaría sufriendo el sistema de recolección de residuos por contenedores de Montevideo, recibieron una citación a declarar al Juzgado de 17º Turno en calidad de testigos el día jueves 27 de febrero.

Ante la citación los editores del medio señalan que concurrirán a la Justicia y ratificarán todo lo publicado. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de amedrentar, mediante la amenaza de recurrir a la Justicia, a periodistas en el ejercicio de su trabajo”, expresan en un comunicado.

Derecho a la reserva de las fuentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

A nivel de la normativa nacional vigente, la Ley Nº 16.099 establece en el artículo primero que “es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación”.

El artículo termina señalando expresamente que “los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

La APU y el CAinfo exhortan a las autoridades de todos los órdenes de la vida del país, a respetar estos principios democráticos sagrados para el ejercicio de nuestra profesión y para el sustento de la libertad de expresión y de información de la que gozamos.

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