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Venezuela adopta medidas para silenciar a cientos de radios

(CPJ/IFEX) - 22 de Julio de 2009 - El CPJ envió una carta al ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, expresando seria preocupación ante un reciente anuncio que el organismo regulador revocaría las concesiones de cientos de estaciones de radio.

Diosdado Cabello Rondón
Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda
Av. Francisco de Miranda, Torre Minfra, Pido 22
Caracas, Venezuela

Por fax: + 58-212-2015989

Estimado Señor Cabello:

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está seriamente preocupado por su reciente anuncio que el organismo regulador revocaría las concesiones de 240 estaciones de radio por incumplir con el proceso de actualización de datos. Creemos que esta decisión es aún otro intento de las autoridades venezolanas para expandir los medios pro-gubernamentales, controlar el flujo informativo y suprimir el disenso.

El 3 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el ente regulador, anunció que un total de 154 estaciones de radio FM y 86 AM no habían cumplido con el proceso de actualización de datos que finalizó el 23 de junio, según informes de prensa. Durante una conferencia de prensa, usted afirmó que CONATEL abrirá de inmediato procesos administrativos contra las 240 estaciones de radio para revocar sus licencias y restituir todas sus concesiones al estado. CONATEL no proporcionó los nombres de las estaciones de radio que habrían incumplido con el registro de datos.

El 9 de julio, durante una presentación en la Asamblea Nacional, usted anunció planes para incrementar la regulación sobre las estaciones de televisión por cable y satélite que transmiten mayormente contenido producido en Venezuela. Las regulaciones existentes para los medios de radio y televisión, que contradicen estándares internacionales en materia de libertad de expresión, incluyen una medida que obligaría a todos los canales a interrumpir sus programas para transmitir las cadenas en vivo del Presidente Hugo Chávez Frías. En su discurso ante la Asamblea Nacional, usted sostuvo que ambas decisiones apuntaban a "democratizar el espacio radioeléctrico".

Durante una entrevista con la estación de televisión estatal Venezolana de Televisión el 16 de julio, usted indicó que el gobierno adelanta gestiones para tomar el 50 por ciento de la concesión de la cadena televisiva Globovisión ya que uno de los dos individuos a quienes se concedió la licencia ha muerto, informó la prensa. El director general de la televisora, Alberto Federico Ravell, respondió afirmando que la licencia está bajo responsabilidad de una empresa, no de individuos.

Globovisión, conocida por sus puntos de vista opositores al gobierno, ha sido blanco de una serie de investigaciones por parte de las autoridades. La agencia reguladora ha abierto cinco procedimientos administrativos contra la televisora. El último se registró el 3 de julio luego de que Globovisión transmitiera una campaña publicitaria dirigida a defender la propiedad privada. El gobierno venezolano, como se ha informado ampliamente en la prensa, está envuelto en una campaña de nacionalización y ha confiscado varias propiedades privadas. Según CONATEL, las propagandas tienen mensajes que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población y pueden producir alteraciones del orden público. Globovisión enfrenta otros cuatro procedimientos administrativos. Si CONATEL lo sanciona una vez, puede ser suspendido hasta 72 horas; una segunda sanción resultaría en la revocación de la licencia. El ente regulador también ha solicitado a la Fiscalía General que determine si la televisora ha incurrido en alguna acción penal por haber supuestamente violado la ley de telecomunicaciones.

El CPJ cree que sus anuncios recientes y la persecución contra Globovisión son parte de una estrategia dirigida a fortalecer los medios estatales para controlar el flujo informativo y limitar la divulgación de ideas y opiniones críticas.

La lucha en curso contra los medios privados ha fomentado una atmósfera de miedo e intimidación que tienen un impacto negativo sobre el trabajo de la prensa. Si bien su gobierno tiene derecho a regular las frecuencias del espacio radioeléctrico, no puede usar su autoridad para violar el derecho humano básico de los venezolanos a recibir y buscar información, como lo establece la constitución. Lo instamos a poner fin a la persecución contra los medios críticos y a garantizar que la regulación de todas las concesiones de radio y televisión se realice en forma ecuánime y transparente.

Atentamente,

Joel Simon
Executive Director

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