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Continúa la guerra de Chávez contra los medios, dicen miembros de IFEX

Las autoridades venezolanas revocaron las licencias para transmitir de 34 estaciones de radio y TV privadas y propusieron nuevas leyes de medios de comunicación que ampliarían los medios progubernamentales y suprimirían el disenso, dicen el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Sociedad Interamericana de Prensa (IPYS), el Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA) y otros miembros de IFEX.

El ministro de Obras Públicas Diosdado Cabello, quién encabeza el organismo de telecomunicaciones, anunció la decisión de obligar a las 32 estaciones de radio y dos estaciones de televisión a salir del aire el 31 de julio. Negó que el Gobierno estuviera tratando de castigar a los críticos. Las estaciones están acusadas de no demostrar que tuvieran licencias de transmisión, informa el IPYS.

La decisión del organismo de telecomunicaciones de Venezuela de actuar contra las estaciones provocó la indignación de los miembros de IFEX y otros activistas de los derechos humanos, que afirman que sostienen que Chávez está tratando de hacer de lado las voces críticas gradualmente. Señalan que más de 200 estaciones más están siendo investigadas supuestamente por no tener licencias en regla.

"Ésta es la más importante restricción a la libertad de expresión que jamás se ha visto en Venezuela" dijo Carlos Correa, el director de Espacio Público, una ONG que defiende la libertad de palabra. "Esto no tiene precedentes en un periodo de democracia" agregó.

Globovisión, uno de los canales más ruidosamente antichavistas que sigue en el aire, se enfrenta a numerosas investigaciones que podrían cerrarla y ha sido el blanco de ataques.

Las tensiones se elevaron en los estudios de Globovisión el 3 de agosto cuando docenas de partidarios del Gobierno, a bordo de motocicletas y ondeando las banderas de un partido radical prochavista, irrumpieron en la estación y lanzaron gas lacrimógeno, informan IPYS, el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y el International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa, IPI).

Los cierres y el ataque se produjeron poco después de un anuncio del Gobierno de que éste pretendía "democratizar" los medios de Venezuela, informan la SIP, Reporteros sin Fronteras (RSF) y otros miembros de IFEX. La fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó el 30 de julio a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que estipula severas restricciones, incluyendo sentencias hasta de cuatro años, por "delitos mediáticos".

Los periodistas y difusoras que "dañen los intereses del Estado", "causen pánico" o "alteren la paz social" podrían enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel, así como aquellos que distribuyan información "falsa" o "manipulen" noticias.

El proyecto de ley castiga además a los que se nieguen a revelar información o la identidad de informantes, o que deliberadamente omitan un informe, lo que pone en riesgo el principio de la confidencialidad de las fuentes de periodistas, dice RSF.

"Las autoridades venezolanas están dando otro paso en la dirección equivocada", dijo el IPI. "En un momento en que los gobiernos están buscando eliminar las penas corporales por los delitos relacionados con los medios, la administración de Chávez está introduciendo una pila de nuevas medidas".

Frank La Rue, el Relator Especial de Libre Expresión de la ONU, dijo que le preocupaba especialmente que los proyectos de ley "se pudieran usar como una herramienta para la intimidación política, que podría llevar a la penalización del disenso y la crítica".

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