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A siete meses de las elecciones presidenciales, la violencia pesa sobre el ejercicio del periodismo

(RSF/IFEX) - Ante la proximidad del escrutinio que este 7 de octubre de 2012 enfrentará al presidente Hugo Chávez y a su rival de oposición Henrique Capriles Radonski, el combate electoral alcanza ya su punto álgido en la esfera mediática, lejos de las condiciones normales de un debate democrático tranquilo y pluralista.

El odio, la invectiva, el aumento de los rumores y, en ocasiones, la violencia contra los periodistas “culpables” de pertenecer a su medio de comunicación, adquieren una magnitud preocupante a siete meses de las elecciones. Si bien todas las agresiones no están relacionadas directamente con el contexto preelectoral, las tensiones generadas por éste hacen cada vez más difícil ejercer el periodismo en el lugar de los hechos.

“La responsabilidad de esta situación se ubica, evidentemente, en diferentes niveles. Por una parte, concierne al gobierno y las fuerzas políticas, que de forma urgente deben recordar a sus militantes los principios fundamentales del debate, en lugar de acusar sistemáticamente a sus contrincantes.

“También incumbe a los mismos medios de comunicación –ya sean públicos o privados–, que deben comprometerse a garantizar un equilibrio real respecto al tiempo de intervención asignado a cada candidato y evitar las escaladas verbales que puedan exponer a sus propios empleados a la cólera popular. ¿Es factible un código de buena conducta a instancias del estado mayor de los partidos políticos y de los diferentes medios de comunicación?

“Finalmente, Reporteros sin Fronteras hace un llamado a la calma en la blogósfera. Condenamos de manera abierta las morbosas y degradantes especulaciones sobre el estado de salud del presidente Hugo Chávez, así como las declaraciones homófobas y antisemitas contra Henrique Capriles Radonski. Estos mensajes, difundidos en cuentas de Twitter a veces pirateadas, son indignos de esta elección política”, declaró la organización.

En la primera quincena del mes de marzo se registraron algunos episodios que manifestaron un clima de polarización política que ahora puede poner en peligro a los periodistas. El 4 de marzo de 2012, durante una visita del candidato Henrique Capriles Radonski al barrio San José de Cotiza, en Caracas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder) armados amenazaron a un equipo del canal informativo

Globovisión, conformado por la periodista Sasha Ackerman, el camarógrafo Frank Fernández y el asistente Esteban Navas. Hubo disparos y una bala hirió al hijo de un diputado de oposición. Perseguidos cuando se refugiaban en una casa, los periodistas debieron entregar sus grabaciones a sus agresores.

Odiado por el gobierno –que no le perdona su actitud complaciente durante el golpe de Estado de abril de 2002–, Globovisión continúa batallando contra el pesado proceso administrativo que le valió su cobertura, en junio pasado, de los amotinamientos ocurridos en los penales El Rodeo I y II. El 11 de marzo las instalaciones del canal fueron objeto de una protesta pública, por fortuna sin violencia, del colectivo La Piedrita. Los militantes radicales progubernamentales acusaron al medio de comunicación de “financiar a grupos paramilitares” y de ser responsable, así, del asesinato de dos de los suyos, ocurrido la víspera en un barrio popular de la capital. Cuatro días después, representantes de un consejo comunal agredieron al equipo que elabora el programa “El Radar de los Barrios”, que había ido a entrevistar a los habitantes de una comunidad local del estado Carabobo sobre un caso de contaminación industrial de aguas.

Desde el 21 de marzo, una medida cautelar impuesta por un tribunal de Caracas impide a todos los medios de comunicación impresos, audiovisuales y en línea mencionar una presunta contaminación industrial del agua de consumo humano de la zona metropolitana de Caracas y de los estados centrales de Miranda, Aragua y Carabobo, sin contar con un “informe técnico veraz avalado por un organismo competente”.

Esta medida es resultado de una investigación, iniciada después de que tres ciudadanos solicitaran determinar si la “campaña” realizada por los medios de comunicación sobre el tema constituye un delito y es susceptible de acciones penales. Según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, no hay ninguna denuncia seria que corrobore los casos de contaminación señalados en los medios de comunicación. Una versión que contradicen las declaraciones de algunos funcionarios regionales.

“Se trata de un acto de censura pura y simple, motivado políticamente. Hablar de un tema que molesta, forzosamente, según la retórica habitual gubernamental, intentaría 'desestabilizar' al poder establecido. Los ciudadanos, ¿son incapaces de forjarse una opinión propia? ¿Hace falta callar una información de interés general porque podría provocar 'pánico'? Discutible sobre el fondo e inoportuna, esta decisión legal no puede sino contribuir al deterioro del clima político y mediático preelectoral”, declaró Reporteros sin Fronteras.

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