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Venezuela necesita reformas en derechos humanos urgentemente

(RSF/IFEX) - el 18 de septiembre de 2012 - Invitada el 18 de septiembre de 2012 a Bruselas por la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a participar en un examen de la situación en Venezuela, Reporteros sin Fronteras pública el contenido de su intervención durante los debates. La situación ante la cercanía del escrutinio presidencial del 7 de octubre de 2012 subraya la urgencia de que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones que la organización reafirma en esta ocasión.

Señoras y señores,

Los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre resumen el nivel de la polarización ciudadana, política y mediática que se ha generado estos últimos años en Venezuela. La libertad de informar, que Reporteros sin Fronteras tiene la misión de defender, y el esperado debate democrático en vísperas de una votación crucial, habrán cedido como nunca a la invectiva, el odio, el descrédito personal y, con frecuencia, a la violencia física, nuestro principal motivo de preocupación.

Estigmatización sistemática de los periodistas

Nuestra organización no ignora la responsabilidad que tienen los mismos medios de comunicación – ya sean públicos o privados – en la creación de este clima. Por una parte, ésta explica la recurrente estigmatización de los periodistas según el medio de comunicación al que pertenecen.

La agresión que sufrió el 9 de septiembre pasado por la periodista Lorena Benítez –empleada del Sistema Nacional de Medios Públicos, al que pertenece la principal cadena televisiva del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) – a manos de partidarios del candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, es uno de los ejemplos recientes de esta situación. Casos similares se registran en el bando opuesto, contra colegas de los medios de comunicación críticos del gobierno, en especial de la cadena informativa de la región de Caracas Globovisión, agredida con frecuencia por los partidarios del presidente Hugo Chávez. Militantes progubernamentales fueron los responsables de la violencia padecida el 12 de septiembre pasado en el aeropuerto de Puerto Cabello por el fotógrafo y colaborador de la Agence France-Presse Geraldo Caso Bizama, quien había acudido a cubrir la visita del candidato de oposición. La inseguridad, alimentada por la histeria partidaria, también afecta a los periodistas de los raros medios de comunicación que poseen una línea editorial moderada, como es el caso del equipo del diario Últimas Noticias, cuyos periodistas padecieron un tiroteo en el periférico de Caracas, el 2 de septiembre. Reporteros sin Fronteras ha registrado unos cuarenta casos de agresiones de este tipo en lo que va del año 2012. A ellos se suma una decena de casos de atentados o sabotajes contra redacciones. Más allá de la gravedad de estos hechos, que en ocasiones quedan impunes, condenamos la manera en que los políticos los instrumentalizan con fines propagandísticos, lo que, en definitiva, alienta este tipo de actos.

Es por ello que hemos sugerido, sin éxito hasta ahora, que todas las agresiones contra el gremio periodístico que tengan que ver con el contexto electoral, sean tratadas por una sola jurisdicción, que funcione en coordinación con las organizaciones gremiales de todas las tendencias.

Acaparamiento de la palabra

Para el gobierno, la extrema polarización mediática que afecta al país se debe, en principio, a la actitud más que complaciente de los principales medios de comunicación privados durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, en abril de 2002. Reporteros sin Fronteras reconoce que entonces algunos de nuestros colegas se excedieron peligrosamente respecto a su rol informativo. Sin embargo, recordamos que ningún representante de los medios de comunicación concernidos fue objeto de algún proceso judicial, como es de esperar en ese tipo de circunstancias. Este episodio sirvió sobre todo de argumento para que se emprendiera una verdadera contraofensiva, a la vez mediática y legislativa, perjudicial para la libertad de informar.

No discutimos al Estado venezolano el derecho de desarrollar un servicio audiovisual público. En contraparte, le reprochamos utilizarlo para erigir una vindicación pública y esgrimir la teoría del complot permanente en el sistema de comunicación. Así, hacer una crítica o interpelar al poder se ha convertido en un “insulto al pueblo” o en un intento de “desestabilizar a la Nación”. Esta “guerra mediática”, que también incluye a las ONG, forma parte de la línea editorial de los medios de comunicación del Estado, que en la actualidad suman siete – VTV, Vive TV, Asamblea Nacional TV, Tves, Ávila TV y Telesur – en el área audiovisual y tres –Radio Nacional, YVKE Mundial y Rumbos– en la radiofónica. La ofensiva continua se transmite especialmente a través de las “cadenas”, mensajes oficiales de Hugo Chávez en persona (en realidad se trata de arengas sin límite de duración), que se impone difundir en directo a todos los canales y las frecuencias (con excepción de las de difusión internacional). Si se sumara el tiempo de intervención del presidente en las 2.000 cadenas pronunciadas entre el 3 de febrero de 1999, fecha de su primera investidura, y el 3 de febrero de 2010, éste habría hablado el equivalente a dos meses completos sin interrupción. Este recuento no incluye el programa dominical, “Aló Presidente”, que él mismo conduce en VTV. De enero a agosto de 2012, las cadenas sumaron un tiempo de 136 horas y 20 minutos al aire, el equivalente a una semana de alocución ininterrumpida.

Por constituir un acaparamiento de la palabra, una perturbación voluntaria de la programación audiovisual y, a final de cuentas, vector de una forma de censura, las cadenas deben ser reguladas de manera que realmente se delimite su contenido y duración o, en todo caso, si permanecen bajo su forma actual, deben ser difundidas en un solo canal público.

Un marco legal peligroso e inadaptado

Ya de por sí degradada por una tendencia desafortunadamente común en los medios de comunicación, de privilegiar el ataque partidario sobre la información, la libertad de informar se encuentra también bloqueada por un marco legal que cada vez se vuelve más restrictivo. Además de la reforma del Código Penal, en 2005, que agravó las penas de prisión en caso de “difamación” y de “injuria”, las dificultades provienen de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promulgada en 2004, que empezó a aplicarse a Internet (medios de comunicación digitales) a partir de 2010. Su formulación genera cuestionamientos debido a que posee puntos demasiado imprecisos que justifican la imposición de multas, incluso la suspensión de medios de comunicación que difundan mensajes que “inciten o promuevan y/o hagan apología al delito”, “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público” o “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”. Otro punto de la ley incluso sanciona los contenidos que “constituyan propaganda de guerra”.

¿Esta sanción se aplicará a una propaganda gubernamental que promete la “la victoria o la guerra civil”? El mayor problema proviene de la aplicación selectiva de la ley, que sólo concierne a los medios de comunicación críticos del gobierno. De nuevo, en junio de 2012 la cadena Globovisión fue condenada a pagar una multa de dos millones de dólares por su cobertura de los motines en los centros penitenciarios de Caracas, realizada en junio de 2011.

Pugnando por la despenalización de los delitos de prensa, Reporteros sin Fronteras recomienda una revisión completa de la regulación del espacio mediático –en especial del audiovisual– apoyado en una distribución justa de las frecuencias y, en dado caso, de una limitación bien precisa de ciertos contenidos más allá de toda consideración ideológica. Otros países de la región, como Argentina, han emprendido la vía de una nueva regulación –al menos en principio. Este reto implicaría la cooperación de las organizaciones gremiales, sindicales y aquellas comprometidas en la defensa de la libertad de expresión, las cuales, por cierto, se vieron afectadas por las penalizaciones de la Ley de Cooperación Internacional, adoptada en 2010.

Los deseos que formulamos aquí para el futuro de la libertad de información en Venezuela chocan desde hace poco con una realidad que no se presta mucho al optimismo. El 6 de septiembre de 2012 el gobierno venezolano presentó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pasado un año después de que la denuncia entre en vigor, el país, si mantiene esta decisión, ya no estará sujeto a la jurisdicción de la Comisión y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana. Debilitando un sistema interamericano de derechos humanos de por sí ya frágil por las veleidades de reforma de algunos Estados miembros de la OEA, el hecho de que Venezuela se retire, priva a los ciudadanos del país de una importante garantía de protección de las libertades públicas individuales.

Agradezco su atención.

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