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El legado de Chávez es notable por indiferencia por los derechos humanos

El Presidente Hugo Chávez habla al lado del Vice Presidente Nicolas Máduro (derecha) y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (izquierda), durante una cadena nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 8 de diciembre de 2012
El Presidente Hugo Chávez habla al lado del Vice Presidente Nicolas Máduro (derecha) y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (izquierda), durante una cadena nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 8 de diciembre de 2012

REUTERS/Miraflores Palace/Handout

(Human Rights Watch/IFEX) - La presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos, señaló hoy [5 de marzo de 2013] Human Rights Watch.

Tras sancionar una nueva constitución que consagró amplias garantías de derechos humanos en 1999 – y superar un breve golpe de estado en 2002 – el Presidente Chávez y sus partidarios desplegaron una estrategia de concentración de poder. Tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales.

Al inicio de su segunda presidencia, la concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política. En los últimos años, el presidente y sus partidarios han empleado estas facultades en una gran variedad de casos resonantes, que han repercutido negativamente en amplios sectores de la sociedad venezolana.

Muchos venezolanos continuaron criticando al gobierno. Sin embargo, la posibilidad de sufrir represalias – a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas – obligó a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de difundir información y opiniones críticas del gobierno, y socavó la capacidad de los jueces de pronunciarse en casos con fuertes implicancias políticas.

Ofensiva contra la independencia judicial

En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, agregando 12 cargos a los 20 integrantes del tribunal, que fueron ocupados por partidarios del gobierno. El Tribunal Supremo, ahora integrado abrumadoramente por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder ejecutivo. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado su compromiso con la promoción de la agenda política de Chávez. Este compromiso se ha reflejado en las sentencias dictadas por el tribunal, que han avalado una y otra vez la indiferencia del gobierno frente a los derechos humanos.

Existen jueces de tribunales inferiores que han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que puedan disgustar al gobierno. En 2009, el Presidente Chávez exigió públicamente que se condenara a 30 años de prisión a una jueza luego de que esta concediera la libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años sin ser juzgado. La jueza a cargo de esta causa, María Lourdes Afiuni, fue detenida y permaneció más de un año en prisión preventiva, en condiciones deplorables. Actualmente sigue cumpliendo arresto domiciliario.

Ofensiva contra la libertad de prensa

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno incrementó radicalmente su capacidad de controlar el contenido de los medios de radio, televisión y prensa del país. Sancionó leyes que ampliaron y endurecieron las penas previstas para quienes emitan declaraciones que “ofendan” a funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda arbitrariamente canales de televisión, estaciones de radio y sitios web.

El gobierno de Chávez intentó justificar sus políticas en materia de medios de comunicación, calificándolas como medidas necesarias para “democratizar” los canales de señal abierta del país. Sin embargo, en vez de fomentar el pluralismo, el gobierno abusó de su potestad regulatoria para intimidar y censurar a sus críticos. Amplió de uno a seis el número de canales de televisión administrados por el gobierno, a la vez que adoptó medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno.

En respuesta a la cobertura periodística crítica, el Presidente Chávez amenazó reiteradamente con quitar del espectro de señales de aire a estaciones y canales privados, impidiendo que se renueve su licencia de transmisión. En 2007, en un acto de discriminación política flagrante, su gobierno impidió que RCTV, el canal de televisión más antiguo del país, renovara su licencia y confiscó sus antenas de transmisión. Tres años después, excluyó de la televisión por cable a RCTV al obligar a los proveedores de televisión por cable del país a dejar de transmitir su programación.

Luego de la exclusión de RCTV, Globovisión fue el único canal importante que mantuvo una postura crítica del presidente. El gobierno de Chávez inició investigaciones administrativas contra Globovisión en forma reiterada, y como resultado este canal ha estado expuesto constantemente al riesgo de suspensión o cierre. También denunció penalmente al presidente del canal, uno de sus dueños mayoritarios y un comentarista invitado luego de que criticaran públicamente al gobierno.

Las medidas de sanción y censura contra medios privados durante el gobierno de Chávez han repercutido fuertemente en emisoras y periodistas. Si bien en la prensa escrita aún es habitual que se critique duramente al gobierno, en Globovisión y otros medios se ha generalizado la autocensura por temor a sufrir represalias del gobierno.

Rechazo al examen de la situación de derechos humanos

Además de neutralizar al poder judicial como garante de derechos, el gobierno de Chávez manifestó su repudio al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, eludió cumplir sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuara una visita in loco de los problemas de derechos humanos en el país. En septiembre de 2012, Venezuela anunció que denunciaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que priva a los venezolanos de un recurso que, durante años y en toda la región, ha constituido el mecanismo externo más importante para obtener una reparación por abusos, ante la inacción de la justicia a nivel interno.

El gobierno de Chávez intentó además impedir que organizaciones internacionales efectuaran un examen de las prácticas de derechos humanos en el país. En 2008, el presidente detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a representantes de Human Rights Watch luego de que presentaran un informe donde se documentaban violaciones de normas de derechos humanos cometidas por su gobierno. Tras la expulsión de estos representantes, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro, designado ahora por Chávez como su sucesor en el poder, anunció que “cualquier extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”.

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno también procuró desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de recibir apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia venezolana. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales locales han recibido fondos de fuentes estadounidenses y europeas —una práctica habitual en América Latina, donde el financiamiento por fuentes privadas es escaso— no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad del trabajo de estos defensores se hayan visto comprometidas por la ayuda internacional. No obstante, en 2010 el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”. La Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional. También estableció severas multas para las organizaciones que “inviten” a extranjeros cuyas opiniones “ofendan” a las instituciones del gobierno.

Apoyo a gobiernos represivos

El Presidente Chávez rechazó también los esfuerzos internacionales para promocionar los derechos humanos en otros países. Venezuela votó consistentemente en contra de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenaban las prácticas abusivas de Corea del Norte, Myanmar, Irán y Siria. Respaldó públicamente al presidente sirio Bashar al-Assad, al presidente libio Muammar Gaddafi y al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, y además distinguió a cada uno con la “Orden del Libertador”, la máxima condecoración oficial otorgada por Venezuela.

El principal aliado de Venezuela durante la presidencia de Chávez fue Cuba, el único país de América Latina donde se reprimen sistemáticamente casi todas las formas de disenso político. El Presidente Chávez señaló a Fidel Castro – quien se mantuvo al frente del gobierno represivo en Cuba hasta que debió retirarse en 2006 por motivos de salud – como su modelo y mentor.

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