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Sugerencias para candidatos en Venezuela a favor del pluralismo de los medios

A la atención de:
Nicolás Maduro,
presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela
María Josefina Bolívar
Reina Sequera
Henrique Capriles Radonski
Eusebio Méndez
Julio Mora
Fredy Tabarquino
(candidatos en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013)

Señoras y señores,

Ahora que la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril inicia oficialmente, Reporteros sin Fronteras desea hacerles algunas recomendaciones a favor del pluralismo y de la libertad de información. Contemplada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de opinión y de expresión es un factor de desarrollo político, económico y social.

Los comicios del 14 de abril no sólo representan una elección entre programas políticos. También implican un debate público de fondo, en el que se respeten las opiniones contrarias y la equidad del tiempo de intervención de los candidatos. Es indispensable superar la polarización, tejida de estigmatizaciones y de injurias recurrentes, que ha dominado el paisaje mediático nacional demasiado tiempo. Si bien esto implica la responsabilidad de los medios de comunicación, estos deben poder ejercer su función bajo un marco legal adaptado y aplicado de forma imparcial.

Garantizar la seguridad de todos los periodistas

El artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 recuerda justamente que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Tal principio no puede cumplirse en una situación en la que periodistas, columnistas y blogueros padecen la venganza y agresiones dependiendo del medio de comunicación en que trabajan –considerado el escaparate de un campo político–, sobre todo en periodos electorales. Algunos de ellos, conocidos por su tono decididamente crítico frente al gobierno bolivariano, denuncian desde el 15 de marzo pasado una campaña de odio y amenazas a través de las redes sociales. Lo que les sucede no justifica las agresiones y los insultos de los que son o han sido víctimas, en el mismo contexto, sus colegas que laboran en el sector audiovisual público. La polarización y la falta de solidaridad en el mismo gremio afectan de forma dramática la seguridad de los periodistas.

Corresponde a los principales dirigentes de los grupos políticos que compiten, vigilar al interior de su propio partido para que ningún periodista –cualesquiera que sea el medio al que pertenece– sea amenazado o agredido durante la cobertura de la campaña. Hacemos un llamado al vencedor de las elecciones a que instituya, en colaboración con los sindicatos y las organizaciones del gremio, una jurisdicción única habilitada para investigar y sancionar todo ataque a la libertad de informar registrado durante el proceso electoral.

Un marco legal a renovar

Reporteros sin Fronteras espera que durante esta campaña, así como al final de las elecciones, se acabe con toda instrumentalización de los soportes informativos con fines de propaganda, pues ésta actúa en detrimento de la justa confrontación de los programas y las ideas. Es por ello que Reporteros sin Fronteras hace un llamado para que se efectúe una estricta regulación de las cadenas, tanto en lo que respecta a su contenido como a su duración. La noción de “servicio público”, aplicable en primer lugar a los medios de comunicación del sector público, justificaría que durante el periodo electoral estas cadenas tomen la forma de spots, de igual duración y frecuencia de difusión que los de los otros siete candidatos que se presentan.

Las cadenas, utilizadas hasta ahora para difundir largos discursos e impuestas inopinadamente a todos los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta, se han convertido en un nuevo medio de censura y un factor de agravación de la “guerra mediática” que afecta al país. Si se conservan bajo su formato actual, las cadenas sólo deberían difundirse en Venezolana de Televisión (VTV), el principal canal del Estado.

Esta reforma de las cadenas debería estar acompañada de una amplia renovación del marco general de regulación de los medios de comunicación, que es a la vez inadaptado y se aplica de manera desigual. Después de Uruguay y Argentina, ¿será Venezuela el próximo país de América del Sur que despenalice los delitos de “difamación” e “injuria”? Desafortunadamente hoy en día es el único país que, por el contrario, ha endurecido las penas de prisión previstas en estos casos. Lo hizo en la última reforma de su Código Penal, en 2005, contra la tendencia general observada en el continente.

Más urgente aún es la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (ley Resorte, adoptada en 2004, que en su artículo 10 impone las cadenas, y que en 2010 incluyó a los medios de comunicación digitales). Algunas de sus disposiciones (“incitar, promover y/o hacer apología al delito”, “fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”, incluso “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”) estimulan la censura y la autocensura. Estas cláusulas, que pueden justificar la suspensión de medios de comunicación, son demasiado imprecisas y están abiertas a amplias y subjetivas interpretaciones. Éstas se han convertido en un arma legal utilizada especialmente contra los medios de comunicación críticos.

En nombre del pluralismo, Reporteros sin Fronteras considera que esta reforma a profundidad de la ley Resorte sería aún más beneficiosa si estuviera acompañada de una revisión general de todo el espacio de frecuencias audiovisuales, que procurara, como en otros países del continente, un espacio de difusión similar para los tres tipos de medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios), garantizando su independencia.

Un sistema interamericano de derechos humanos a preservar

Un último compromiso de su parte nos parece importante. En la última Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 22 de marzo pasado, fue desaprobada la propuesta de Venezuela y de otros tres países del continente (Bolivia, Ecuador y Nicaragua) de reducir las facultades –en particular la capacidad jurídica y financiera– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta “reforma del funcionamiento”, denunciada por numerosos colectivos y movimientos sociales latinoamericanos, podría afectar el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y el de su principal soporte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

Aunque celebramos la resolución adoptada el 22 de marzo por 35 Estados –en el sentido de que preserva el sistema en vigor–, ésta deja abierta la posibilidad de que se vuelva a cuestionar un mecanismo fundamental para la protección de los ciudadanos en los litigios que enfrentan con sus gobiernos. ¿Renunciará usted, si es elegido, a apoyar una “reforma” cuyo objetivo político es en realidad debilitar el SIDH y su Relatoría Especial?

Reporteros sin Fronteras se compromete a publicar toda respuesta de fondo que ustedes nos envíen respecto a estos diversos puntos.

Agradeciendo su atención a esta carta, les envío señoras y señores candidatos, mis saludos más cordiales.

Atentamente,

Christophe Deloire
Secretario General de Reporteros sin Fronteras

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