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Piden a Venezuela garantías y debido proceso para un periodista

Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 10 de agosto de 2015.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó a la justicia de Venezuela que garantice al periodista Leocenis García, en arresto domiciliario, los derechos humanos que tiene cualquier detenido y se le ofrezca un trato justo ante la ley.

La petición de la SIP surge tras recibir una denuncia de García, editor del Grupo 6to Poder, cerrado desde hace cinco meses. García, arrestado en marzo por presunto lavado de dinero y extorsión, consideró “un atentado a la libertad de empresa y de expresión” su encarcelamiento, la falta de atención médica y el cierre del grupo editorial. Tras permanecer 87 días en huelga de hambre, García fue puesto en arresto domiciliario “con funcionarios o más bien esbirros” que lo custodian. Se quejó de que no se le “permita la atención médica”.

El presidente de la SIP y director del diario peruano La República, Gustavo Mohme, lamentó la situación por la que atraviesa García y dijo que “la justicia está obligada a garantizarle, entre otros, su derecho a la defensa y al debido proceso, y a tener un juicio imparcial, a expresarse libremente y a gozar de atención médica”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que cualquier medida que “no respete sus derechos” viola principios sobre la protección de los detenidos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH estipula que “toda persona privada de libertad… será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales”, tales como el acceso a un debido proceso y al tratamiento médico.

García expresó que desde la fundación de 6to Poder en 2008 ha sido encarcelado cinco veces por represalias a su “línea editorial independiente”. Agregó que “el Grupo ha sido allanando y cerrado por la fuerza tres veces y, como si fuera poco, confiscado sin que la medida pasara por la Contraloría General de la República”.

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