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Periodistas venezolanos perseguidos por el gobierno reciben medidas cautelares de la CIDH

Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, uno de los periodistas otorgado medidas cautelares de la CIDH
Miguel Henrique Otero, presidente de El Nacional, uno de los periodistas otorgado medidas cautelares de la CIDH

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 11 de noviembre de 2015.

La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) expresó satisfacción por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a los periodistas venezolanos Miguel Henrique Otero, Teodoro Petkoff, Alberto Federico Ravell y a su hija Isabel Cristina Ravell, ante los graves actos de hostigamiento y persecución del gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La CIDH consideró que los solicitantes de las medidas cautelares “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos estarían amenazados y en riesgo”, y pidió a Venezuela que adopte medidas necesarias “para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, Isabel Cristina Ravell y Teodoro Petkoff” y “para evitar se repitan los hechos” que originaron la petición.

Las medidas representan una responsabilidad de parte del Estado de proteger a las personas y garantizarles sus derechos humanos y constitucionales. En este caso fueron solicitadas “para evitar daños irreparables a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos IV y I respectivamente de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “si bien nos satisface la decisión de la CIDH de otorgar las medidas cautelares, nos desalienta saber que el gobierno de Venezuela no las cumplirá como tampoco lo ha hecho con otras decisiones del sistema interamericano. Así ocurrió con el último fallo de la Corte Interamericana para que el gobierno permita reabrir RCTV y le devuelva sus activos”.

Igualmente, Paolillo, director de Búsqueda, semanario uruguayo, agregó que estas medidas cautelares “tienen el doble efecto de hacer responsable a un Estado en caso de que sufran consecuencias las personas sobre quienes se pide protección y de mantener activa la denuncia y la atención sobre violaciones a la libertad de expresión que se cometen en países de nuestro hemisferio”.

Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional, Teodoro Petkoff, de Tal Cual, y Alberto Federico Ravell, del sitio web La Patilla, han venido padeciendo de parte de altos funcionarios estatales “reiteradas declaraciones estigmatizantes”, “actos de seguimiento y vigilancia”, “procesos penales y civiles por difamación” y “prohibición de salida del país”, entre otros métodos de hostigamiento que buscan coartar a esos medios para que dejen de publicar información que pudiera ser incómoda para el gobierno.

En abril pasado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, interpuso una demanda civil millonaria (alrededor de 78 millones de dólares) por supuesta difamación contra los tres medios que reprodujeron a principios de año una información del diario ABC de España sobre supuestos vínculos del alto funcionario con el narcotráfico. A los directivos de los medios involucrados en la demanda judicial se les prohibió la salida del país.
En su documento del 9 de noviembre la CIDH detalla los ataques a periodistas y medios de comunicación en el país y concluye que en Venezuela “existe una serie acumulativa de factores que generan un grave impacto para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

En el marco de las elecciones parlamentarias a realizarse el próximo 6 de diciembre, el organismo interamericano expresó que ante “la denunciada reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente la adopción de medidas para que los propuestos beneficiarios puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y movimiento sin ser objeto de actos de hostigamiento por el ejercicio de sus funciones periodísticas”.

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