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Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas

Policías antidisturbios detienen a un manifestante durante los enfrentamientos con partidarios de la oposición en Caracas, Venezuela, 18 de mayo de 2016
Policías antidisturbios detienen a un manifestante durante los enfrentamientos con partidarios de la oposición en Caracas, Venezuela, 18 de mayo de 2016

REUTERS/Marco Bello

Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 27 de julio de 2016.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.

Desde mayo de 2016, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el gobierno. La mayoría de esas personas afirman haber sido torturadas o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia. En varios casos, aunque el Ministerio Público no presentó evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia. En algunas instancias, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos.

“El gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.

De las 21 personas detenidas, todas menos dos han sido imputadas penalmente por delitos y nueve siguen detenidas. En varios casos, los detenidos declararon ante la justicia que habían sufrido abusos físicos que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual o muerte. Los patrones de maltrato que describen son coincidentes con casos que Human Rights Watch ha documentado en los dos últimos años en Venezuela. Algunos detenidos señalaron que fueron torturados para obligarlos a confesar delitos, y que agentes del SEBIN grabaron estas confesiones forzadas.



Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en Venezuela durante junio de 2016 y entrevistó a familiares y abogados, así como a una de las personas detenidas, y consultó documentos clave en los expedientes judiciales de varios casos, incluidos registros policiales y el testimonio directo de 11 detenidos, además de declaraciones de funcionarios gubernamentales. Los 21 casos ocurrieron en Caracas y en los estados de Bolívar, Cojedes y Zulia.

La mayoría de los detenidos eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro. Las autoridades vincularon a 10 de esas personas con una manifestación contra el gobierno en la cual personas no identificadas habían atacado a policías. La fiscalía sostuvo que la mayoría fueron aprehendidas mientras perpetraban o preparaban actos de violencia, pero no aportó pruebas creíbles para justificar estos señalamientos. Algunas personas declararon que ni siquiera habían participado en la manifestación.

Diversos informes policiales y señalamientos de fiscales y jueces citan publicaciones políticas lícitas como prueba contra los detenidos, según consta en expedientes judiciales y en declaraciones de funcionarios públicos o partidarios del gobierno. Entre las publicaciones se incluyen volantes que pedían la liberación del líder opositor Leopoldo López y documentos para impulsar un referéndum revocatorio. Entre las pruebas contra algunos detenidos se incluyó una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia. Una de estas personas fue acusada sobre la base de información aportada por un “patriota cooperante” anónimo, a pesar de que el fiscal manifestó ante el tribunal que no sería procedente presentar cargos en ese caso.

Hubo funcionarios gubernamentales y políticos oficialistas que anunciaron las imputaciones contra muchos de estos detenidos antes de que la justicia las hubiera dado a conocer, dijo Human Rights Watch.

Los 19 detenidos que fueron finalmente llevados ante la justicia tuvieron la posibilidad de contactar a un abogado recién pocos minutos antes de la audiencia con el juez, lo cual en la mayoría de los casos sucedió después de transcurrido el plazo máximo legal de 48 horas establecido por el derecho venezolano, según dijeron familiares y abogados. Dos detenidos fueron liberados sin que se formularan cargos y nunca fueron llevados ante un juez. Uno de ellos declaró ante un fiscal que fue mantenido incomunicado durante cinco días en una sede del SEBIN en Caracas, donde sufrió graves abusos, y posteriormente fue liberado. El otro declaró en una presentación escrita ante un fiscal que lo liberaron tras ser obligado a firmar una hoja en blanco en una sede del SEBIN en el estado de Zulia.

Diez de estas personas fueron detenidas luego de una manifestación contra el gobierno, que tuvo lugar el 18 de mayo en Caracas. En una aparición televisiva posterior a esa manifestación, el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Gustavo González López declaró que el gobierno había identificado a un grupo de personas responsables de acciones “desestabilizadoras” y violencia contra las fuerzas de seguridad.

Una de estas personas es el estudiante José Gregorio Hernández Carrasco, de 20 años, que había participado en la manifestación del 18 de mayo y fue detenido dos días después en su lugar de trabajo, según contó. Declaró que fue golpeado y torturado, hasta que aceptó firmar una confesión luego de que los agresores amenazaran con violarlo sexualmente. Las torturas incluyeron aplicarle descargas eléctricas, cubrirle la cabeza con una bolsa plástica para provocarle asfixia, y colocarle un palo en el recto y amenazar con violarlo. Hernández Carrasco permanece detenido y ha sido procesado penalmente, a pesar de que el Ministerio Público no aportó pruebas creíbles en su contra.

Desde febrero de 2014, las autoridades venezolanas han detenido, procesado y condenado arbitrariamente a líderes políticos de oposición, así como también a otros activistas menos prominentes. López y otras personas arrestadas arbitrariamente durante las protestas contra el gobierno en 2014 siguen detenidas o procesadas. Desde junio de 2016, el gobierno también habría despedido a decenas de trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en todo el país como represalia por apoyar el referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Cientos de personas más que apoyaron el referéndum habrían sido despedidas de otras oficinas públicas en circunstancias similares.

La falta de independencia judicial en Venezuela ha facilitado que ocurran este tipo de procesamientos y despidos arbitrarios, observó Human Rights Watch. Uno de los principios clave consagrados en la Carta Democrática Interamericana, adoptada hace 15 años por la OEA, es “la separación e independencia de los poderes públicos”. La Carta estipula que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender ese principio.

El Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó un informe exhaustivo el 30 de mayo, en el cual instó a que se aplique la Carta a Venezuela. El informe describe en detalle la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país.

El 23 de junio, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para evaluar el informe de Almagro. Aunque Venezuela sostuvo que mantener un debate sobre el informe sería violatorio de su soberanía, la mayoría de los países miembros votaron a favor de avanzar en este sentido y evaluar el cumplimiento de la Carta por parte de Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano declaró que el gobierno está a favor del “diálogo y la diplomacia de paz”, pero Maduro ha señalado que el diálogo con la oposición venezolana deber ser “incondicional”. La oposición ha manifestado que, como parte de cualquier diálogo, el gobierno debe liberar a los presos políticos y aceptar que se lleve a cabo el referéndum revocatorio durante 2016.

“Si Maduro pretende suspender el proceso de la Carta Democrática que ya se ha iniciado, deberá demostrar resultados concretos y que su gobierno está terminando con las prácticas abusivas”, destacó Vivanco. “Como parte de cualquier diálogo genuino, los Estados Miembros de la OEA deberían presionar a Venezuela para que desista de encarcelar a sus críticos y termine con la represión de la disidencia”.

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