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Periodistas rechazaron cerco informativo en morgue en Caracas

Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 3 de agosto de 2016.

El 3 de agosto de 2016, reporteros de la fuente de sucesos se reunieron en las inmediaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), mejor conocido como la morgue de Bello Monte, para rechazar las reiteradas limitaciones de las cuales han sido objeto al momento de ejercer el periodismo en ese lugar. Durante las últimas tres semanas se construyó una cerca de metal en los alrededores, que dificulta la labor reporteril.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), Marco Ruiz, informó que se entregó una carta a los directivos del Senamecf, en el que periodistas de la fuente solicitan conversar con Giovanni Peña, director del organismo, con el fin de que puedan coordinarse las medidas necesarias que garanticen el ejercicio periodístico en las instalaciones. A través de su cuenta de Twitter, Ruiz notificó que la solicitud fue recibida por la inspectora Jazmin Jaramillo.



Trabajadores de medios y ciudadanos promovieron el hashtag #LaCercaNoEvitaCrimenes el miércoles 3 de agosto, como forma de rechazo, luego que el lunes 1 de agosto le fuese negado el acceso al área a un reportero de una televisora privada, cuando pretendía hacer varias tomas de apoyo.

IPYS Venezuela ha hecho seguimiento de las denuncias de los reporteros de esta fuente informativa cuando en pleno cumplimiento de sus funciones, funcionarios de seguridad estatal les prohíben hablar con familiares y conocidos de las personas fallecidas que son trasladadas a la morgue. También se ha impedido la captura de fotografías y grabaciones de apoyo en los alrededores.

En 2015, IPYS Venezuela registró al menos cinco limitaciones a la cobertura periodística en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte en Caracas.

Contexto
Angélica Lugo, periodista venezolana que cumple funciones para el portal web Runrun.es, informó que el mes de julio no solo fue el más violento de 2016, sino que también fue el mes que terminó con más ingresos de cadáveres al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en los últimos dos años y medio, de acuerdo con cifras extraoficiales: 535.

En una nota de la periodista, titulada "Periodistas de sucesos solicitan reunirse con el director de la morgue de Bello Monte", se informó con detalle acerca de la protesta pacífica que tuvo lugar en la mañana del miércoles 3 de agosto, en la que periodistas afirmaron que, desde 2003 cuando fue cerrada la sala de prensa de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), se les limita cada vez más el acceso a la fuente. También rechazaron que no se les informa acerca de las cifras oficiales de muertes por homicidio y secuestros. Esta situación ha hecho que los trabajadores de la fuente manejen datos de manera extra oficial.

Antecedentes
Desde 2006 se han emitido órdenes que prohíben la publicación de imágenes que supuestamente atentan contra el derecho a la información de los niños, niñas y adolescente de acuerdo con su desarrollo. IPYS Venezuela registró que esta medida se ha aplicado en contra de cuatro medios de comunicación y una Organización No Gubernamental (ONG).

Procedimientos judiciales amenazan la expresión en Venezuela

La primera limitación que IPYS Venezuela registró en la sede de la morgue de Bello Monte y que involucró al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ocurrió el 22 de agosto de 2010, luego que funcionarios de este cuerpo policial persuadieran a los familiares de los fallecidos para que no hablaran con los reporteros que estaban en el lugar.

Este hecho ocurrió luego de la polémica que generó la publicación de una fotografía en las primeras planas de los impresos, El Nacional y Tal Cual, el 13 y 16 de agosto de ese año respectivamente, sobre el estado de la morgue de Bello Monte para el mes diciembre de 2009.

La Defensoría del Pueblo y el Instituto Autónomo de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes interpusieron una demanda contra ambos medios de comunicación al considerar que la fotografía vulneraba los derechos de la infancia. Esta acción vino acompañada de una orden de censura que prohibió a todos los medios impresos del país la publicación de informaciones y publicidades con “imágenes de contenido violento, armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”.

Para noviembre de 2013, ambos medios debían cancelar el 1% de sus ingresos brutos durante 2009 al Fondo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes durante los 8 días hábiles posteriores, fecha que estaba aún por definir, a la culminación de la revisión que ejecutaría el tribunal para determinar el monto.

Libertad de expresión
Esta limitación de acceso a la cobertura periodística también representa un mecanismo de censura a la información de interés público.

IPYS Venezuela expresa su preocupación ante estas limitaciones reiteradas que obstaculizan la labor de los trabajadores de la prensa, inclusive a las afueras de la sede, donde no está prohibido que los reporteros puedan hacer entrevistas a los familiares.

Basados en la normativa nacional, el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente y estar informados sobre hechos que sean de su interés sin que pueda establecerse censura.

El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la presión directa e indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, a través de los medios de comunicación, debe estar prohibida por la ley.

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